¿Qué puede significar para América Latina el segundo mandato de Trump?

Más allá de la incertidumbre sobre lo que será la política de Donald Trump hacia América Latina durante su segundo mandato, una cosa ya luce incontrovertible: más que en Washington será hecha en Miami.

En su primer gobierno, Trump ya había subordinado la política de Estados Unidos frente a América Latina a intereses políticos domésticos e incluso subnacionales, específicamente del estado de Florida. Es así como Marco Rubio, el poderoso senador de la Florida y rival de Trump en las primarias republicanas de 2016, llegó a desempeñar un rol desmedido en la formulación de la política de la administración hacia América Latina.

No fue, por lo tanto, la faceta más aislacionista de Trump que despuntó en América Latina, sino un descarnado retorno al clásico intervencionismo estadounidense en su “patio trasero”, haciendo explícita la Doctrina de Monroe, esgrimida inicialmente en 1823 en oposición a la presencia colonial europea en las Américas que luego se volvería un instrumento para excluir a cualquier otra potencia en el continente. Enarbolada a menudo para excluir a los soviéticos durante la Guerra Fría, Trump la revivió para tratar de acortar la presencia china en la actualidad.

Trump, además, tuvo la suerte de llegar al poder en 2017 cuando la ola de gobiernos progresistas latinoamericanos, afanosos en la defensa de su soberanía y favorables a la diversificación de sus relaciones exteriores, estaba en franco declive. Y los conservadores que volvían al poder en América Latina, después de lo que parecía una eternidad, estaban ansiosos por maximizar una de sus ventajas competitivas frente a la izquierda: sus buenas relaciones con Estados Unidos.

Al final, Trump no logró excluir a China del hemisferio occidental. Muchos países latinoamericanos, y sobre todo sudamericanos, tenían para ese entonces lazos comerciales más estrechos con China que con Estados Unidos; por lo que el agro negocio brasileño, por ejemplo, hizo mérito para que Bolsonaro no cumpliera su promesa de romper con Beijing a pesar de su encendida retórica electoral anti-China.

Pero el impacto de Trump sobre la región no dejó de ser fuerte y traumático. Apoyó abiertamente el golpe de Estado en Bolivia en 2019, con el protegido de Marco Rubio, Carlos Trujillo– entonces embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA)– desempeñando un rol clave en dar legitimidad a un golpe que se saldó en la presidencia de facto de Jeanine Áñez y masacres indígenas. Todo indica que Trujillo será nombrado secretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de la nueva administración Trump.

En 2019, Trump respaldó inequívocamente a los gobiernos conservadores de Colombia, Ecuador, Chile y Haití que enfrentaban protestas masivas en contra del retorno de la austeridad neoliberal y en medio de graves violaciones a los derechos humanos. Cultivó asimismo una fuerte alianza político-ideológica con el presidente Jair Bolsonaro en Brasil, consolidando así una relación que fortaleció la extrema derecha brasileña y regional.

Trump también contribuyó decididamente al debilitamiento del proceso de paz colombiano, dándole cobertura política al presidente Iván Duque en sus constantes incumplimientos de los acuerdos de paz de 2016.

Sanciones a Cuba y Venezuela

Pero el mayor impacto de Trump fue sobre Cuba y Venezuela. En Cuba revirtió la apertura de Obama e impuso el régimen de sanciones más severo desde 1962, incluyendo la reincorporación de la isla en la lista de países patrocinadores de terrorismo, que tiene un impacto devastador sobre la capacidad de Cuba de realizar actividades comerciales y transacciones financieras.

Trump también fue el primer presidente en no vetar el Título III de la Ley Helms-Burton que amenaza a empresas no estadounidenses con demandas en EE.UU. por hacer negocios con propiedades expropiadas por el gobierno cubano después de la revolución. Debido a estas sanciones sin precedentes, Cuba sigue inmersa en una crisis económica que aún impide una recuperación pospandemia que hemos visto en el resto de la región.

En Venezuela, Trump impuso sanciones feroces: primero financieras en 2017 y luego petroleras en 2019 y 2020. Todas estas presiones generaron un descalabro económico y una crisis social de inmensas proporciones, agudizando una crisis migratoria que afectó a toda la región y también a Estados Unidos.

Irónicamente, al tiempo que la administración Trump generaba las condiciones para el éxodo masivo de cubanos y venezolanos, el presidente hablaba de construir un muro en la frontera con México para impedir el ingreso de migrantes latinoamericanos.

El primer mandato de Trump siguió entonces una agenda muy floridana, en detrimento incluso de los intereses de otros sectores. Ni el lobby del agronegocio del medio oeste –que lleva décadas abogando por una mayor apertura hacia Cuba (un mercado para la exportación de alimentos que no se resigna a entregar a China)– ni el lobby petrolero, que quiere el crudo de Venezuela, pudieron rivalizar con la incidencia de los republicanos de Florida en la política hacia América Latina.

El peso desmedido de Florida en la Casa Blanca

Por supuesto, el rol desmedido de Florida en la política de Estados Unidos hacia América Latina tiene antecedentes de varias décadas. No se trata solamente de Trump. Biden también fue preso de la misma dinámica. Desesperado por ganar en un estado todas las encuestadoras auguraban como perdido, mantuvo varias políticas heredadas de su predecesor. Sin éxito electoral, pero con dramáticas consecuencias sobre la región.

Si para los demócratas incorporar la variable “Florida” no deja de ser una medida política defensiva, para Trump será decididamente ofensiva y aún más asumida en este segundo periodo, con un Marco Rubio que pasa de ser senador lobbista a secretario de Estado. Rubio gozará además del nombramiento de muchos de sus aliados más cercanos, incluyendo el ultraconservador cubanoamericano Mauricio Claver-Carone, el nuevo enviado especial del Departamento de Estado para América Latina.

El nuevo gabinete de Trump, con nombramientos de halcones como Mike Waltz como asesor de seguridad nacional y Pete Hegseth como secretario de defensa, ha sorprendido a algunos analistas por ir en contra de las supuestas promesas electorales de Trump. Ciertamente se pueden prever desacuerdos entre las diferentes facciones del trumpismo –entre criptolibertarios, aislacionistas, y neoconservadores– sobre el rumbo de la política estadounidense, sea hacia China, Irán, o la guerra en Ucrania. Pero, para desgracia de América Latina, todos coinciden esencialmente sobre la necesidad de un férreo control sobre el “patio trasero”.

La respuesta en América Latina: de la euforia al desasosiego

En América Latina, mientras tanto, las expectativas van desde la euforia de la derecha radical encabezada por el presidente de Argentina, Javier Milei, y el expresidente Jair Bolsonaro, hasta el profundo desasosiego de varios gobiernos progresistas.

Milei, en particular, espera beneficiarse del apoyo de Trump en un entorno internacional hostil a sus excentricidades e insultos. El tiempo dirá qué incidencia tendrá la cercanía entre ambos hombres –la administración Biden fue amigable con Milei– sobre la economía argentina, y qué impacto esperar en el país sobre las elecciones legislativas de medio término de octubre.

Otros gobiernos, como los de México, Colombia y Honduras, han optado por mostrar firmeza de entrada ante las amenazas de Trump. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respondió con una dura carta ante las amenazas del presidente electo de imponer barreras arancelarias, mientras Xiomara Castro, presidenta de Honduras, advirtió sobre el posible cierre de la base de Estados Unidos en Palmerola, si se concretan las deportaciones masivas de hondureños.

En cuanto a las declaraciones de Trump sobre que “el canal de Panamá sea devuelto a los Estados Unidos”, debido a lo que denunció como sus exagerados costos y un –por cierto inexistente– control chino, generaron fuerte rechazo en la región. Colombia, Chile, Bolivia y Venezuela, y hasta el secretario general de la OEA denunciaron lo dicho e instaron a respetar los acuerdos Carter-Torrijos de 1977 que otorgaron a Panamá la soberanía sobre el canal.

La manera como América Latina encarará este periodo –tanto las altisonancias pueriles como las verdaderas amenazas– obedecerá en gran medida al color político de la región. Su rumbo, después del triunfo de la izquierda en las urnas en Uruguay en octubre pasado, dependerá también de las elecciones presidenciales en Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras de 2025 en las que Estados Unidos podría jugar un rol nada anodino.

En última instancia, el éxito de la agenda de Trump y de sus aliados en Florida dependerá de cuán unida sea la región. Con apenas una dosis de selectiva y estratégica unidad, América Latina podría demostrar cierta resiliencia. Dividida y entregada al bilateralismo asimétrico que propone Estados Unidos, la región caerá presa, como aconteció en su primer mandato, de golpes, intromisiones y desestabilizaciones.