¿Quiénes se benefician del caos y la violencia en Haití?

Al ganar su libertad en 1804, Haití fue obligada a pagar una "deuda de independencia" descomunal a Francia, bajo amenaza de bloqueo militar. Una deuda que acabó por saldarse recién en 1947. Esta carga financiera de más de un siglo devastó la economía haitiana y marcó el inicio de un ciclo de dependencia y pobreza estructural en el país.

Y hoy continúa.

Según Human Rights Watch más del 40% de la población no sabe si comerá o no en el día, y el 59% vive con menos de 3,65 dólares al día. El acceso a electricidad, agua potable y servicios de saneamiento es limitado y la falta de infraestructura básica contribuye a problemas de salud como la propagación del cólera.

Según Naciones Unidas, para marzo de 2024 cerca de 313.900 personas habían sido desplazadas internamente debido a la violencia generalizada de las pandillas. Entonces, para entender las causas de esta tragedia, debemos, primero, conocer quiénes se benefician de ella.

Una isla clave en el mapa de influencias en América Latina

Durante el siglo XX, Estados Unidos consolidó una profunda influencia sobre Haití. Entre 1915 y 1934, en la ocupación militar, las estructuras económicas haitianas fueron ajustadas para servir a los intereses de Washington.

La importancia estratégica de Haití radica en su posición geográfica: situada en el centro del Caribe, es un punto de acceso clave al Golfo de México. Esta ubicación es aún más relevante hoy, cuando potencias como China aumentan su presencia comercial y su influencia en América Latina.

Contaminación, desplazamiento de agricultores y exterminio del ganado local

EE.UU. y sus lobbies corporativos han logrado influir y promover en la isla un modelo económico neoliberal extractivo e hiperexplotador.

Newmont Mining Corporation y VCS Mining han avanzado en operaciones masivas para la extracción de oro y otros minerales en el norte de Haití. Desde 2008 esta empresa ha enfrentado la resistencia de organizaciones locales por la contaminación de aguas y los daños ambientales, en una región ya propensa a terremotos y vulnerabilidades ecológicas.

En el sector textil, empresas estadounidenses como HanesBrands, Levi Strauss & Co. y Gildan Activewear han establecido operaciones en Haití gracias a incentivos fiscales y acuerdos comerciales como la Ley HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement Act), impulsada por EE.UU.

Gildan por ejemplo, ha sido señalada de aprovechar estos marcos legales para mantener bajos los salarios y evitar regulaciones más estrictas en sus fábricas haitianas, donde los trabajadores ganan menos de 5 dólares diarios. Algo que hace que los estándares laborales y de vida sean extremadamente precarios, negando incluso cualquier derecho a huelga.​

La norma no solo permite a las empresas textiles producir a bajo costo en Haití, además, permite exportar sin aranceles a Estados Unidos.

En el sector agroindustrial, las compañías estadounidenses tienen también una larga historia de impacto en Haití, especialmente en proyectos como el Parque Industrial de Caracol. Construido tras el devastador terremoto de 2010, con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), prometía crear empleos y revitalizar la economía local. Sin embargo, desplazó a más de 4.000 agricultores, que perdieron acceso a sus tierras, sin recibir compensación adecuada ni alternativas económicas efectivas.

American Rice Inc., subsidiaria de Erly Industries, se benefició significativamente tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide en 1991, e instaló un gobierno favorable a las políticas de apertura del mercado que permitieron a American Rice Inc. monopolizar el mercado de arroz en Haití, inundando el país con “arroz de Miami”, a precios imposibles de competir para los agricultores haitianos. No solo arruinaron la producción local, sino que debilitaron la autosuficiencia alimentaria del país, dejando a Haití en una posición de dependencia alimentaria y económica con los EEUU.

En 1980, USAID implementó un programa para exterminar la población de cerdos criollos de Haití, argumentando que era necesario para prevenir una epidemia de fiebre porcina africana. Posteriormente, Washington ofreció cerdos estadounidenses como reemplazo, los cuales requieren costosos alimentos y medicamentos importados de ese país.

Esta imposición afectó gravemente a las comunidades rurales de Haití, ya que los cerdos criollos, más adaptados al entorno local, representaban un recurso accesible y esencial para la economía familiar.

Interferencia política y destrucción de la democracia

Ahora bien, la intervención de Estados Unidos no solo ha afectado la economía, también la política de Haití. La historia reciente de la isla muestra cómo líderes que intentaron implementar reformas en beneficio de la mayoría han sido removidos del poder.

Uno de los casos más emblemáticos de intervención en Haití es el de Jean-Bertrand Aristide. Elegido democráticamente en 1990, Aristide fue depuesto en un golpe de Estado en 1991, con el respaldo de Estados Unidos.

Tres años después, en 1994, el mismo gobierno estadounidense facilitó su regreso al poder. Esta movida estratégica buscaba estabilizar la situación en Haití pero, esta vez, bajo términos donde se aseguraban la influencia de Washington en el país, limitando al mismo tiempo las políticas progresistas que Aristide intentaba implementar.

Sin embargo, en 2004, y tras un periodo de nuevas reformas sociales y económicas, Aristide fue nuevamente destituido en otro golpe de Estado, esta vez apoyado por Estados Unidos, Canadá y Francia.

La secuencia de intervenciones refleja los intereses geopolíticos de las potencias extranjeras en la política haitiana, que priorizan la estabilidad bajo su control sobre las demandas de autonomía y cambio social impulsadas por líderes locales como Aristide.

Figuras autoritarias pero afines a intereses extranjeros han sido respaldadas e incluso instaladas en el poder, como François Duvalier (1957 a 1971), Jean-Claude Duvalier (1971 a 1986), y más recientemente en julio de 2021 Ariel Henry, quién asumió el cargo de primer ministro tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse por exmilitares mercenarios colombianos contratados por una empresa de seguridad con sede en Miami.

En medio de la crisis, el gobierno liderado por Henry decidió aumentar el precio de los combustibles, desencadenando una fuerte reacción de los sindicatos de transporte.

Jacques Anderson Desroches, presidente de la organización sindical Fòs Sendikal pou Sove Ayiti, declaró al Haitian Times que, mientras el mercado petrolero siga liberalizado en beneficio de las empresas privadas, cualquier medida adoptada por Henry sería superficial.

En respuesta, las asociaciones sindicales convocaron una huelga el 26 de septiembre de 2022, que paralizó el país, incluidas áreas clave de Puerto Príncipe. Es de recordar que estas protestas en Haití comenzaron en 2018 tras la suspensión del programa PetroCaribe por sanciones de EE.UU. a Venezuela, algo que disparó el precio del combustible y profundizó la crisis económica.

Las manifestaciones no paran en Haití, suman muchas razones: su inconformidad se dirige incluso contra bancos y ONG, con el término "dechoukaj" (desarraigo) y se expresan con consignas como “Abajo EE.UU.”.

El Gobierno no habla del fondo de la inconformidad y prefiere llevar toda su atención a la violencia de bandas como el G9, dirigido por el expolicía haitiano Jimmy “Babekyou” (Barbacoa) Chérizier.

En marzo de 2024, ante la grave inestabilidad del país, Henry renunció a su cargo y se trasladó a Puerto Rico bajo la protección del FBI. En abril se instauró un Consejo Presidencial de Transición, integrado por nueve miembros, encargado de gestionar la presidencia hasta las nuevas elecciones (2026). Y en junio de 2024, se estableció un nuevo gobierno de transición con Garry Conille como primer ministro.

El 11 de noviembre del presente año, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) destituyó a Garry Conille y nombró al empresario Alix Didier Fils-Aimé como nuevo primer ministro, reemplazando a Garry Conille, según el decreto publicado en el diario oficial Le Moniteur. Conille, exfuncionario de UNICEF y la ONU, expresó su rechazo, calificando la decisión como ilegítima y carente de respaldo legal y constitucional, y advirtió sobre sus implicaciones para el futuro de Haití.

¿Qué es la "zona gris" y el caos controlado?

Según expertos, Estados Unidos despliega en el siglo XXI una "estrategia de zona gris" para mantener a Haití en una subordinación cercana al colonialismo.

Este plan, que incluye el suministro sin control de armas y la intervención selectiva, refuerza una narrativa de “Estado fallido”, útil para justificar la intervención externa y evitar que Haití construya una economía fuerte y controle su propia seguridad.

La solución para Haití tendrá lugar con el fin de la injerencia externa y el apoyo a un proceso genuino de autodeterminación.

La comunidad internacional debe abogar por una política que respete la soberanía haitiana, apoyando el fortalecimiento de sus instituciones y una economía soberana.

La construcción de una política de cooperación respetuosa y de solidaridad, es clave para abrir el camino hacia un futuro donde el pueblo haitiano pueda decidir su destino.

La historia de Haití, marcada por la resistencia frente a la opresión, sigue siendo una inspiración para los pueblos que luchan por su autonomía.