Venganza por el fracaso, la política de EE.UU. contra Cuba

El 14 de mayo, un documento del Departamento de Estado de EE.UU.actualizó la lista de países que supuestamente no cooperan completamente con los esfuerzos antiterroristas de Washington y eliminó a Cuba.

La isla cumplió con las condiciones para que la retiraran de esta clasificación, mientras reanudaba su cooperación policial con Estados Unidos la cual, según las autoridades, se retomó en 2023 e incluyó la lucha contra el terrorismo.

Sin embargo, en una rueda de prensa un día después, el Departamento de Estado aclaró que Cuba aún permanece en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo de EE.UU. (SSOT, por sus siglas en inglés), una acción que generó reacciones encontradas.

Algunos consideraron que representaba un avance en las relaciones diplomáticas entre ambos países, el cual podría conducir a que la isla fuera retirada de la segunda lista. Otros evaluaron que podría llevar a rescindir a Cuba como presunto estado patrocinador del terrorismo, mientras que algunos señalaron a Estados Unidos por su hipocresía.

Esta última posición la enfatizó una declaración de la Cancillería de Cuba que señaló que, lejos de patrocinar el terrorismo, la isla había sido víctima del mismo, incluyendo actos de terrorismo que involucraron al Gobierno de Estados Unidos.

Haciendo eco de la respuesta cubana, el Comité Coordinador Conjunto del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), el G77 y China solicitaron que se retirara inequívocamente a Cuba del SSOT. Insistieron en que mantener a la isla dentro de esa lista “sirve como pretexto para imponer medidas coercitivas unilaterales adicionales” en su contra.

Durante una teleconferencia de prensa, altos funcionarios estadounidenses navegaron entre preguntas sobre la contradicción de eliminar a Cuba de la lista de países que no cooperan con los esfuerzos antiterroristas, pero al mismo tiempo mantener a la isla como presunto estado patrocinador del terrorismo.

En una de las respuestas, un funcionario de EE.UU. dijo que ambos listados los determina por separado el Departamento de Estado. También explicó que los Países y Territorios No Cooperativos (NFCC) están regulados por la sección 40 A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas, una lista que se revisa cada año.

Entre los países que no cooperan están Siria, Venezuela, Corea del Norte e Irán. En comparación, la lista de estados patrocinadores del terrorismo incluye a estos mismos países y a Cuba, pero excluye a Venezuela.

En diciembre del año pasado, el funcionario del Departamento de Estado Eric Jacobsen confirmó que el proceso de revisión para eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo ni siquiera había comenzado. Esto significa que lo más rápido que Cuba podría salir de dicha clasificación probablemente sería alrededor de mediados de 2024.

La decisión de retirar a Cuba de la NFCC y no de la SSOT encaja perfectamente en la narrativa de Estados Unidos que, incluso en diciembre pasado, se negó a comentar si entre sus planes estaba hacer una revisión de la segunda lista.

Si bien Estados Unidos podría haber tratado de evitar cualquier crítica a su medida, el plan sólo funcionó dentro de Occidente. Países y organizaciones en el Caribe han expresado su preocupación por la continua e injusta inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

Paralizar a Cuba para derrocar al gobierno

Cuba fue clasificado como estado patrocinador del terrorismo en marzo de 1982 bajo el gobierno de Ronald Reagan, supuestamente “por sus amplios antecedentes en proporcionar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a movimientos guerrilleros e individuos terroristas”.

Regulada por la Sección J de la Ley de Administración de Exportaciones de 1979, la inclusión de Cuba en la lista de SSOT apuntó directamente contra el desarrollo económico de la isla y, en consecuencia, encierra tanto la historia revolucionaria del país como la frustración de Estados Unidos por no poder recolonizarlo.

Ya desconfiado por el triunfo revolucionario de Fidel Castro –que en 1959 derrocó al dictador Fulgencio Batista a quien Estados Unidos respaldaba–, ese país planeó un golpe a la revolución que comenzó poco tiempo después, en 1960.

Un memorándum bajo el título “El ascenso y la caída de Castro” determinó que “el desencanto y la deslealtad basados ​​en la insatisfacción y las dificultades económicas” serían la mejor estrategia para cambiar el rumbo político de la isla. El documento sugería, en palabras carentes de humanidad y que reflejaban la decisión de Estados Unidos de reducir su compra de azúcar a Cuba, “disminuir los salarios monetarios y reales, causar hambre, desesperación y derrocar al gobierno”.

En abril de 1961, Estados Unidos sufrió una vergonzosa derrota con la invasión de Bahía de Cochinos. Para esta operación, planeada durante el Gobierno de Eisenhower y orquestada bajo el presidente Kennedy, la CIA trabajó con un presupuesto de 13 millones de dólares destinados a entrenar a la Brigada 2506: un grupo de 1.400 disidentes cubanos exiliados en Miami tras el triunfo de la revolución en Cuba. El objetivo era organizar un ataque guerrillero que derrocara a Castro. Sin embargo, las fuerzas cubanas vencieron a la brigada en 72 horas.

Estados Unidos también había elegido a José Miró Cardona, un cubano opositor a Batista y quien brevemente fue primer ministro de Castro, para que se desempeñara como jefe del gobierno interino. En EE.UU., Cardona era el líder del Consejo Revolucionario Cubano, un grupo de exiliados con vínculos con el gobierno de Kennedy y la CIA.

Esto empujó a Washington a reforzar con una serie de órdenes ejecutivas las restricciones para la isla que comenzaron bajo el mandato de Eisenhower. Las medidas, en última instancia, llevaron a un embargo completo en 1962 y a la creación de USAID. Así Estados Unidos trazó dos paralelos: paralizar económicamente a Cuba mientras a la vez lanzaba una organización que supuestamente promueve el desarrollo social y económico, ambos establecidos bajo la Ley de Asistencia Exterior de 1961.

Sin embargo, el bloqueo económico fue apenas el comienzo de las acciones de Estados Unidos, pues Cuba se convirtió incansablemente en el objetivo de complots respaldados por Washington y de más de 600 intentos de asesinato contra la vida de Castro.

Un ejemplo del terrorismo contra Cuba que apoyó Estados Unidos es el caso de Cubana de Aviación, en el que 73 personas murieron luego de que se pusiera una bomba dentro de un avión en un presunto ataque terrorista planeado por los agentes de la CIA Orlando Bosch y Luis Posada Carilles.

Reforzando el bloqueo a Cuba con la represión de EE.UU.

En marzo de este año, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken afirmó que no se planeaba revertir la decisión del Gobierno Trump que reintegró a Cuba a la lista de estados que patrocinan el terrorismo, luego de que el expresidente Barack Obama retirara al país de esta clasificación en abril de 2015.

La medida se desprende de un precedente histórico, que se remonta a la decisión de la administración Reagan de designar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo mientras que la intervención militar estadounidense en América Latina, particularmente a través de la Operación Cóndor –que fue una colaboración entre dictaduras de derecha en la región–, ya había cobrado miles de vidas vive en nombre de la erradicación del comunismo.

Hipócritamente, un estudio de 1981 que realizó el Departamento de Estado de EE.UU. y que condujo a la inclusión de Cuba en la lista de SSOT un año después, afirma que “las actividades cubanas militarizan e internacionalizan lo que de otro modo serían conflictos locales. En una región cuyas necesidades principales son el desarrollo económico, la equidad social y una mayor democracia, Cuba está agravando los problemas existentes al alentar la insurrección armada”.

En otras palabras, Cuba está desestabilizando los esfuerzos imperialistas y, por lo tanto, debería ser castigada con la asfixia del desarrollo económico en nombre de la democracia.

Básicamente, el rechazo de la isla a sucumbir ante las demandas estadounidenses fue suficiente para mantener las razones de Kennedy que instauraron el bloqueo en Cuba, poniendo de relieve la frustración de EE.UU. por no poder detener la trayectoria de la revolución con el objetivo de volver a someter a la isla a la subyugación colonial.

La Ley Helms-Burton de 1996 refuerza el bloqueo bajo el auspicio de buscar “sanciones internacionales contra el Gobierno de Castro en Cuba, para planificar el apoyo a una administración de transición que conduzca a un gobierno democráticamente elegido en la isla, y para otros fines”.

Sin embargo, a pesar de la legislación estadounidense que permite la intervención extranjera en Cuba, Estados Unidos se niega a equiparar el bloqueo con su intervención abierta en la isla y las consiguientes repercusiones humanitarias.

Mientras tanto, a pesar de sus terribles circunstancias, la isla todavía brinda apoyo internacional en esfuerzos humanitarios a nivel mundial, como lo demuestran las brigadas médicas cubanas que incluso ayudaron a los países occidentales que no podían hacerle frente a la pandemia de COVID-19.

En 2021, el presidente Biden emitió un comunicado sobre las protestas en Cuba en medio de la escasez de alimentos. Y culpó de la terrible situación económica al Gobierno de la isla.

Aún así, Estados Unidos continúa invirtiendo en organizaciones que intentan influir en la opinión pública cubana en contra del gobierno. En marzo de este año, La Habana informó que EE.UU. asignó 1.200 millones de dólares para “promover la democracia” en la isla.

La Fundación Nacional para la Democracia (NED), creada por Reagan en 1983 y de la que formaron parte varios funcionarios y diplomáticos estadounidenses destacados –incluido el exsecretario de Estado Henry Kissinger–, está ahora al frente de la campaña de desestabilización contra Cuba.

Como Carl Gershman dijo en el diario The New York Times en 1991: “Sería terrible para los grupos democráticos de todo el mundo que se les considerara como subvencionados por la CIA. Lo vimos en los años 60 y por eso se suspendió. No hemos tenido la capacidad de hacer esto y por eso se creó el fondo”.

Mientras Estados Unidos se prepara para unas elecciones presidenciales clave, Cuba no puede esperar mucho de los dos candidatos: Trump reintegró a la isla en la lista SSOT y Biden optó por conservar la designación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba estima que unos 3.478 ciudadanos murieron y otros 2.099 quedaron discapacitados por los ataques terroristas de EE.UU. en la isla.

Entre la venganza de Estados Unidos contra Cuba y el compromiso internacionalista de la isla con los esfuerzos anticoloniales y humanitarios, ¿qué país es el verdadero patrocinador estatal del terrorismo?