España reforma su ley de extranjería para regularizar a miles de migrantes

España dio luz verde a una reforma migratoria que podría suponer la regularización de unas 300.000 personas que se encuentran en el país sin permiso de residencia en un plazo de tres años.

Esta reforma de la ley de extranjería, que contrasta con las políticas cada vez más restrictivas de otros países occidentales, fue aprobada bajo el Gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español, liderado por el presidente Pedro Sánchez, y por el partido de izquierda Sumar.

La decisión también llega en un contexto en el que el aumento de llegadas de personas migrantes de forma irregular al país marca un récord histórico. Solo en lo que va de 2024, al menos 45.000 personas han entrado en España de manera irregular, un 22,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

En los últimos años, colectivos sociales han denunciado continuamente la necesidad de poner fin al drama de alrededor de 700.000 personas que viven en este país sin papeles, según Funcas, un think thank de investigación económica y social.

Aunque el texto de la reforma fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), su entrada en vigor, bajo la forma de un real decreto, está programada para el 20 de mayo de 2025. Así lo confirmó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista con RNE.

¿En qué consiste la reforma de la ley de extranjería?

La reforma del reglamento de la ley de extranjería, vigente desde hace 13 años, introduce cambios clave para agilizar y simplificar los procesos de regularización de personas migrantes en España.

Entre las principales modificaciones, destaca la unificación y simplificación de las figuras de arraigo, el mecanismo que permite a los extranjeros regularizar su situación administrativa. Además, reduce de tres a dos años el tiempo de residencia requerido para acogerse a estas vías.

La normativa también establece nuevas disposiciones, como la incompatibilidad entre la solicitud de protección internacional y la regularización por arraigo. Otros aspectos relevantes incluyen mejoras en los procesos de reagrupación familiar, la fijación de una duración inicial de un año para todos los visados, mayores protecciones para los trabajadores temporales y la facilitación de la transición del permiso de estudios al de trabajo.

Una "oportunidad" para la economía española

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, destacó que la reforma migratoria propuesta tendrá un "tremendo impacto" en la economía española, especialmente en el mercado laboral, al facilitar la contratación de trabajadores extranjeros. Según Saiz, esta reforma será clave para impulsar el crecimiento económico del país.

En un comunicado, la ministra subrayó que "cuando no aprovechamos el talento y la capacidad humana de nuestra población nacida en el extranjero, estamos perdiendo oportunidades de crecimiento e innovación que beneficiarían a la sociedad española en su conjunto".

Actualmente, más de 2,9 millones de extranjeros cotizan a la Seguridad Social en España, lo que representa el 13,6% del total de afiliados, un aumento de dos puntos en los últimos dos años. Además, los trabajadores autónomos extranjeros constituyen el 16% del total.

"Somos un polo de atracción de inversiones y talento y de crecimiento económico", afirmó Saiz, quien también defendió una política centrada en la integración y la inclusión, y en "combatir los catastrofismos con información veraz". Para lograr que España sea un país "completamente abierto y próspero", la ministra insistió en la necesidad de luchar contra la discriminación laboral y educativa que afecta a la población extranjera, lo que, según un informe reciente, le cuesta a la economía española unas pérdidas anuales de 17.000 millones de euros.

Según un informe del propio ministerio, España necesita incorporar entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros cada año para mantener su Estado del bienestar.

Regularización YA, una campaña vital para la reforma

El impulso de la campaña #RegularizaciónYA ha sido fundamental para que el gobierno español adoptara la reforma migratoria. Con el objetivo de garantizar la regularización de miles de personas migrantes que viven en situación irregular en el país, la campaña busca reconocer su derecho a una vida digna y a la plena integración en la sociedad.

Nacida en plena pandemia de COVID-19, la campaña logró convertirse en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que movilizó a 900 entidades de la sociedad civil española en una amplia recogida de firmas. Como resultado, se lograron reunir más de 700.000 firmas en las calles, que fueron presentadas ante el Congreso de los Diputados y respaldadas por el gobierno.

En su página oficial, la iniciativa detalla las graves implicaciones de vivir en situación irregular: "La irregularidad implica estar en una situación de vulneración permanente de derechos: la ausencia de derechos laborales, la exposición a la explotación laboral, la trata de personas y la explotación sexual, además de la exclusión de servicios públicos esenciales como la educación y la salud, y la imposibilidad de acceder a servicios sociales".

Asimismo, subrayan el carácter político y ético de esta medida: “La regulación del estatus migratorio de las personas es un acto político que reconoce la dignidad y los derechos fundamentales de cada ser humano. En un estado firmante de la Carta de Derechos Humanos y en un Estado social de derecho, no pueden existir personas en una situación de no derechos”.