Por primera vez desde 1948, Israel tuvo un año de llamados a rendir cuentas

Durante más de siete décadas, Israel ha violado las leyes internacionales con pocas o ninguna consecuencia mientras el estado sionista reprimía brutalmente a los palestinos en Gaza y Cisjordania ocupada.

La comunidad internacional ha emitido innumerables condenas por las acciones de Israel, desde el desplazamiento forzado de palestinos durante la Nakba en 1948 hasta la incesante ocupación y bloqueo de Gaza. Pero rara vez ha acompañado este rechazo verbal con alguna acción.

La impunidad, al parecer, era el escudo constante de Israel. Pero 2024 resultó ser un punto de inflexión.

Por primera vez en la historia, la rendición de cuentas de Israel por sus acciones pasó del debate teórico a procesos legales tangibles, lo que reformuló la narrativa internacional en torno a sus crímenes.

En el centro de este cambio se encuentran cuatro casos judiciales históricos, que desafiaron el poder descontrolado de Israel y modificaron el status quo en materia de justicia y rendición de cuentas

1. Sudáfrica contra Israel: el caso de genocidio en la CIJ

La valiente decisión de Sudáfrica de demandar a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 fue un gran avance en 2024.

El caso documentó los actos atroces de Israel: asesinatos en masa, destrucción sistemática de hogares palestinos y desplazamientos forzados. Todo ello evidencia la intención de destruir a un pueblo, el equivalente a un genocidio.

La corte determinará si Israel ha cometido un genocidio, allanando el camino para el procesamiento de Tel Aviv por ello.

Munir Nuseibah, académico y abogado de derechos humanos, cree que el caso de la CIJ es muy importante.

“El caso de Sudáfrica contra Israel marca sin duda un momento crucial para que Israel rinda cuentas a través de un proceso vinculante que muy probablemente confirmará que Israel ha cometido un genocidio contra los palestinos”, explica Nuseibah, profesor de Derecho en la Universidad Al-Quds de Jerusalén.

Aunque el proceso todavía está en curso, la CIJ respondió con medidas de emergencia en enero, ordenándole a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y que tome medidas para impedir actos genocidas en el futuro.

Aunque Israel ha desafiado estas órdenes, el caso ha obligado al mundo a afrontar la gravedad de sus crímenes.

“Basándose en la abrumadora evidencia, creo que el tribunal concluirá que Israel ha cometido genocidio en Gaza”, dice Nuseibah a TRT World. “Esto significa que Israel tendrá que reparar daños, cesar sus acciones y garantizar la no repetición contra el pueblo palestino”.

El desafío legal de Sudáfrica también ha desencadenado una respuesta a nivel global: más de 15 países, incluidos Irlanda, España y Türkiye, se unieron al caso, invocando sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio.

“La participación de otras naciones en este caso es crucial. El hecho de que Türkiye y otros países se hayan unido a los esfuerzos de Sudáfrica en la CIJ es un paso importante”, agregó Nuseibah.

Asif Qureshi, profesor en la Universidad de Beijing en China, plantea un punto de vista similar, al subrayar que el caso de Sudáfrica sirve como un focol para analizar las acciones de Israel en Palestina.

“El caso de Sudáfrica… proporciona un poderoso enfoque sobre las actividades de Israel en la Palestina ocupada. Incluso los pronunciamientos del tribunal contribuyen a la justicia y preparan el terreno para la rendición de cuentas, por no hablar de las órdenes específicas del tribunal”, afirma Qureshi, que enseña en la Facultad de Derecho Transnacional de la universidad.

Las deliberaciones de la corte, subraya Qureshi, deben traducirse en acciones a todos los niveles: organizaciones internacionales, gobiernos nacionales y ONG.

“Estas deliberaciones deben considerarse parte de un conjunto más amplio de casos que abordan la conducta de Israel, con el objetivo de movilizar mecanismos legales a nivel internacional y nacional, incluido el de exigir responsabilidades a los estados cómplices”, afirma Qureshi a TRT World.

2. Órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant

En noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) también hizo historia al emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluido el uso del hambre como arma y castigo colectivo.

Los cargos representan la primera vez que líderes en funciones de un estado con fuertes alianzas en Occidente enfrentan tal rendición de cuentas.

Las consecuencias de las órdenes son inevitables: cualquier estado miembro del Estatuto de Roma está ahora obligado a arrestar a Netanyahu o Gallant si ponen un pie en su territorio.

Pero las ramificaciones se extienden más allá.

Al apuntar a los principales líderes de Israel, la CPI ha preparado el terreno para mecanismos de rendición de cuentas más amplios. Los funcionarios militares, las entidades corporativas y otros actores cómplices de los crímenes sistemáticos de Israel, ahora pueden encontrarse bajo procesos judiciales.

"La CPI ya ha emitido órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, y creo que seguirán más órdenes contra otros responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Palestina", dice Nuseibah. "Esto es algo que sin duda deberíamos esperar en el futuro".

Una decena de países europeos, incluidos España, Irlanda y los Países Bajos, ya han indicado que respetarán la decisión de la CPI.

3. Nicaragua exige que se haga responsables a los facilitadores

La demanda de Nicaragua contra Alemania por complicidad en genocidio es otro hito en la lucha por la justicia para Palestina en 2024.

Al llevar a Alemania ante la CIJ, Nicaragua está desafiando la complicidad de los estados que suministran armas y recursos a los países que cometen atrocidades.

La demanda acusa a Alemania de permitir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el genocidio israelíes en Palestina mediante el suministro de armas y apoyo material.

Si bien la atención se centra en Alemania, el caso tendrá un impacto más amplio en la rendición de cuentas de otras naciones cuyo apoyo militar sostiene el genocidio de Israel en Gaza.

El caso de Nicaragua, señala Nuseibah, es vital no solo para Palestina sino para toda la humanidad porque obliga a los países a reconsiderar sus relaciones con los estados que cometen esos crímenes.

Si la corte determina que Alemania es cómplice, esto obligará a Berlín a reparar el daño causado a Palestina y reevaluar su papel. En términos más generales, el caso sienta un precedente, al instar a todos los estados a dejar de ayudar a los regímenes acusados ​​de graves violaciones.

Nuseibah advierte: “Es importante que los países sepan que, mientras se cometan genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad será necesario revisar la relación con el país que los comete”.

“Si no se lo sanciona, al menos no se lo puede apoyar”, añade. “No se le pueden proporcionar armas que le permitan continuar con este genocidio”.

Basándose en la presión del derecho ambiental internacional para incluir el “ecocidio” en el Estatuto de Roma, el profesor Qureshi propone un nuevo término para describir las prácticas comerciales que permiten violaciones graves del derecho humanitario y penal: el “itocidio”.

Aunque estos actos ya se incluyen en la categoría de “complicidad” de dichas violaciones, Qureshi sostiene que conceptualizarlos podría contribuir a una mejor rendición de cuentas.

“Este concepto podría servir para dos propósitos: incorporar estas violaciones al derecho económico internacional y, dentro de ese marco, ampliar el alcance de la rendición de cuentas”.

4. Sentencia histórica de la CIJ que declara ilegal la ocupación israelí

En una decisión largamente esperada, la CIJ también emitió en julio una sentencia histórica, declarando ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967.

Esta sentencia pionera no se limitó a condenar los asentamientos ilegales, sino que abordó injusticias más profundas, la explotación de recursos palestinos y la negación sistemática de su derecho a la libre determinación, violaciones que han definido durante décadas la ocupación israelí.

La opinión de la corte, solicitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2022, no solo fortaleció el marco legal para hacer responsable a Israel, además amplió los llamados a una acción internacional inmediata.

¿Qué nos espera en 2025?

Al finalizar 2024, la lucha por la justicia y la rendición de cuentas se enfrenta a pruebas decisivas.

El panorama jurídico está cambiando y los esfuerzos por hacer que Israel rinda cuentas ponen en entredicho normas de larga data. Las acciones recientes han establecido las bases para el cambio, pero su éxito depende de cuestiones jurídicas no resueltas y de la voluntad de la comunidad internacional.

Para el profesor Qureshi, estos esfuerzos son fundamentales y tienen el potencial de remodelar el derecho internacional y las relaciones entre los países. Según insiste, es necesario abordar el poder de veto sin control de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en cuestiones de jus cogens, es decir los principios más elevados del derecho internacional.

“Es un argumento débil afirmar que se debe dar más tiempo a la diplomacia”, sostiene, “cuando el propósito mismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es actuar con decisión cuando la diplomacia fracasa”, sostiene.

Las órdenes de arresto de la CPI, el fallo de la CIJ sobre el caso de genocidio de Sudáfrica y la demanda de Nicaragua contra Alemania tienen un potencial transformador y los resultados de estos esfuerzos definirán el año que viene.

Los acontecimientos de 2024 han derribado el mito de la impunidad intocable de Israel, pero para lograr la justicia, se necesita un compromiso global sostenido.

El profesor Nuseibah destaca que ya se están documentando ampliamente los crímenes israelíes, que recogen ataques deliberados contra civiles, el uso del hambre como arma y torturas severas en las cárceles. Sin embargo, como subraya, esa documentación por sí sola no es suficiente. “Lo que realmente necesitamos son sanciones”, advierte.

“Las sanciones son la única forma eficaz de obligar a Israel a cumplir el derecho internacional”, concluye Nuseibah. “Los estados deben ir más allá de la condena e imponer medidas que afecten al comercio, la cultura y otras relaciones. Esta es la única forma de hacer cumplir el derecho internacional”.