¿Qué medidas anunció España para enfrentar la crisis de vivienda?

La crisis de la vivienda en España se ha convertido en uno de los problemas sociales y económicos más acuciantes del país en los últimos años. Impulsada por el aumento vertiginoso de los precios de compra y alquiler, la escasez de vivienda social y el impacto del turismo masivo sobre el mercado inmobiliario, la situación ha generado un profundo malestar social, que incluso se ha reflejado en las numerosas manifestaciones en ciudades como Madrid y Barcelona.

Ante este panorama, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció un paquete de 12 medidas enfocadas en tres objetivos: reforzar la construcción de vivienda pública, regular los alquileres y aumentar la presión fiscal sobre los alojamientos turísticos, en un intento por equilibrar la oferta y la demanda.

Pedro Sánchez destacó que el acceso a la vivienda se ha transformado en "uno de los mayores desafíos para las sociedades europeas, incluida la española". De hecho, señaló que los precios de la vivienda en Europa aumentaron un 48% en la última década, casi el doble del crecimiento de los ingresos familiares. “Occidente enfrenta un reto crucial: evitar convertirse en una sociedad dividida entre una élite de propietarios adinerados y una mayoría de inquilinos empobrecidos", sostuvo.

Y añadió que la situación actual de la vivienda no responde a las necesidades de los ciudadanos. Según detalló, en los años del boom inmobiliario se construían al año 600.000 viviendas, al tiempo que se formaban unos 400.000 hogares. Sin embargo, en la actualidad se fabrican tan solo 90.000 viviendas anuales al tiempo que se forman 300.000 nuevos hogares, dejando evidente la brecha que existe entre la escasa oferta y la alta demanda.

El reto de la vivienda social

Por eso, el Gobierno cederá dos millones de metros cuadrados de terrenos a una nueva empresa pública que podrá construir "miles y miles y miles de viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible", para garantizar el acceso a la vivienda pública a los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En la actualidad, España cuenta con apenas un 2,5% de vivienda social, un porcentaje que dista enormemente del de otros países de la Unión Europea. "Francia tiene un 14% y los Países Bajos un 34%" señaló Sánchez. “Estamos muy por detrás de otros Estados miembros", recalcó, evidenciando la profunda disparidad en la distribución de la vivienda pública.

Sánchez también anunció que se creará una ley que permita a la nueva Empresa Pública de Vivienda tener prioridad para comprar viviendas y terrenos, y otra para garantizar que toda la vivienda construida por el Estado mantenga "indefinidamente su titularidad pública".

De esta forma, se busca que "lo que se construya o rehabilite con el dinero de los españoles, siga siendo, siempre, de los españoles. De sus hijos y de sus nietos, y no acabe en manos de los fondos buitre y grandes especuladores", afirmó,

¿Cómo combatir la proliferación de apartamentos turísticos?

Para combatir la proliferación de apartamentos turísticos, que se han convertido en una de las principales causas del encarecimiento de los alquileres, Sánchez planteó un incremento de los impuestos y un refuerzo de los controles sobre este mercado. Con esta medida, se pretende que los alojamientos turísticos "tributen como lo que son: un negocio", recalcó.

"No es justo que quienes tienen tres, cuatro, cinco pisos en alquiler de corta duración paguen menos impuestos que los hoteles”, subrayó. Y adelantó que presentará una reforma en el Parlamento para que estos propietarios tributen como lo hacen las grandes empresas.

Con el objetivo de frenar el aumento de los alquileres, Sánchez propuso también una exención fiscal para aquellos propietarios dispuestos a alquilar sus viviendas de acuerdo con el índice de referencia establecido por las autoridades, incluso en zonas no consideradas de alta demanda.

Adiós a la “Golden Visa”

Como parte de las nuevas medidas, el Gobierno también ha decidido suprimir la Golden Visa, un programa que permitía a ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea obtener permisos de residencia a cambio de realizar inversiones significativas, como la compra de propiedades superiores a 500.000 euros. En su lugar, se limitará la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes fuera de la UE, aplicando un impuesto del 100% a las adquisiciones realizadas por no europeos.

El Gobierno ya había aprobado en mayo de 2023 una ley de vivienda, que preveía un aumento de la construcción de viviendas sociales, controles de alquileres en zonas de alta demanda y sanciones a los propietarios que dejaran sus viviendas desocupadas.

Pero, la legislación no ha conseguido frenar el aumento de los arriendos, que subieron un 11% el año pasado, según el portal inmobiliario Idealista.