Qué países se han unido a demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio

España ha dado un paso clave al anunciar su intervención en el caso de genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y se une así a una amplia lista de países que apoyan esta demanda. Desde Colombia hasta Türkiye, pasando por Nicaragua, Chile, Libia y Egipto, el apoyo internacional a la denuncia solo ha aumentado en las últimas semanas.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dio a conocer el pasado jueves que “Madrid quiere apoyar a la CIJ en su implementación de medidas que incluyen una orden a Israel de cesar su operación militar en Rafah”. Sin embargo, dio pocos detalles de lo que implicaría la intervención solicitada.

Por su parte, el presidente español, Pedro Sánchez, expresó en un tuit que “España se va a mantener del lado correcto de la historia”. Y en ese sentido, el país intervendrá “en el procedimiento iniciado por Sudáfrica” debido al “incumplimiento del gobierno de Israel de la petición del Tribunal Internacional de Justicia para detener la guerra”.

En contraste, el único país que hasta ahora ha prometido intervenir para apoyar a Israel es Alemania. En un comunicado en ese momento, el portavoz del gobierno de Alemania, Steffen Hebestreit, dijo que Berlín "rechaza firme y explícitamente la acusación de genocidio".

América Latina en la demanda contra Israel

Nicaragua fue el primer país latinoamericano que presentó una solicitud para intervenir “como parte” involucrada en el caso. En enero el país dijo que considera que la conducta de Israel “presenta indicios claros de genocidio”.

Posteriormente, presentó una solicitud aparte contra Alemania, acusando al país de violar la Convención sobre Genocidio por “facilitar” su comisión al brindarle a Israel “apoyo político, financiero y militar”.

Por su parte, Colombia, cuyo presidente ha mostrado un fuerte respaldo a Palestina y ha condenado las acciones de Israel en Gaza, también anunció que apoya la demanda ante la CIJ. En enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que “desde el inicio mismo de la sangrienta fase del conflicto en Palestina, es bien claro que las acciones y medidas adoptadas por el Gobierno de Israel configuran actos de genocidio".

El presidente Gustavo Petro anunció además la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y el reconocimiento oficial del Estado palestino. El mes pasado, el mandatario aseguró que "si muere Palestina muere la humanidad".

Chile es el país de la región que más recientemente se unió a la demanda de Sudáfrica. El presidente Gabriel Boric denunció la “situación humanitaria catastrófica” en Gaza, y sostuvo que Chile “hará parte y respaldará el caso”.

Chile, que reconoce a Palestina como Estado desde 2011, es el hogar de la comunidad palestina más grande fuera de Oriente Medio, con un estimado de alrededor de 500.000 descendientes palestinos. Muchos de ellos procedende grandes olas de inmigración árabe en los siglos XIX y XX.

Otros países que se han sumado la demanda han sido Bolivia, Brasil, Cuba, México, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Iraq, Jordania, Kuwait, Libia, Malasia, Maldivas, Pakistán, Qatar, Siria, Türkiye y Yibuti.

¿Servirá de algo?

La Corte Internacional de Justicia es el principal y máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. A esta instancia recurrió Sudáfrica en diciembre para denunciar que la ofensiva israelí en Gaza viola la Convención de la ONU sobre Genocidio de 1948.

Con el pasar de los meses y ante el comienzo de una operación militar de Israel en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, el pasado mes, el tribunal emitió un fallo que se consideró histórico. La corte le ordenó a Israel que detuviera "inmediatamente" su ofensiva en la ciudad, donde se refugiaban cientos de miles de civiles desplazados de otros lugares del enclave. Tel Aviv sin embargo hizo caso omiso de lo dictado.

Ignorada por Rusia e Israel, la Corte Internacional de Justicia enfrenta un sistema mundial “disfuncional” que hace que los países acaten o no sus sentencias “en función de su voluntad”, aseguraron expertos entrevistados por la agencia de noticias AFP.

Por ejemplo, en 2022 la CIJ le ordenó, en vano, a Rusia que detuviera su “operación militar especial” de Ucrania.

¿Son estas negativas a cumplir decisiones jurídicamente vinculantes muestras de una falta de credibilidad y legitimidad por parte de la CIJ? No, responden los analistas que conversaron con AFP. Y explican que esto se debe a que “la responsabilidad recae sobre los Estados”.

Sin policía internacional ni fuerzas armadas, la CIJ "depende de la voluntad y la cooperación de los Estados para aplicar sus decisiones", dice Raphaelle Nollez-Goldbach, investigadora del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.

"Obviamente, esto tiene ciertos límites", continúa. La corte afirma que "casi todas" sus decisiones "son cumplidas por los Estados, pero los pocos casos de incumplimiento -que siguen siendo la excepción- pesan mucho en las relaciones internacionales".

Y esto no es culpa del tribunal, insisten los analistas. "El problema de credibilidad lo tienen los gobiernos que tienen una doble moral", explica a AFP Louis Charbonneau, de Human Rights Watch.

Por ejemplo, algunos países occidentales "aplaudieron" la decisión sobre Ucrania, pero están "seriamente preocupados" respecto a la sentencia de Israel, destacó.

"Para tener credibilidad, tienen que hacer cumplir (los estándares) en todos los ámbitos (...) tanto a sus amigos y aliados como a sus rivales”, precisó Charbonneau.