Revelan proyecto de diputados de Milei para liberar represores de dictadura

El partido del presidente Javier Milei enfrenta una nueva controversia en Argentina por la publicación de una propuesta para liberar presos condenados por crímenes de lesa humanidad.

Diputados de La Libertad Avanza visitaron en julio pasado por visitar a presos condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar Argentina. Foto: X
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Diputados de La Libertad Avanza visitaron en julio pasado por visitar a presos condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar Argentina. Foto: X

Una nueva polémica estalló esta semana alrededor del presidente de Argentina, Javier Milei, y su partido La Libertad Avanza (LLA), por cuenta de lo que se publicó como el borrador de un proyecto de ley que buscaría liberar a presos condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en ese país.

La diputada Lourdes Arrieta, quien hasta este miércoles formó parte de LLA y tras la controversia renunció al bloque, fue quien publicó en la red social X el borrador del polémico proyecto de ley Arrieta ya había enfrentado una lluvia de críticas en julio pasado por visitar, junto a otros cinco legisladores de su mismo partido, a represores de la dictadura en la cárcel.

¿Qué dice el polémico borrador?

Arrieta compartió capturas de pantalla con los documentos que se habían difundido en un chat de WhatsApp con otros integrantes del partido La Libertad Avanza, según afirmó.

"Pongo a disposición los proyectos de ley y el decreto que enviaron en el grupo de chat de diputados del LLA para obligar a los jueces a liberar a los represores", escribió en X.

Este proyecto, denominado "Plazo Razonable", permitiría liberar a aquellos exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad. En esa línea, indica que "transcurridos 20 años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo", se considerará "inconstitucional la prolongación indefinida de los procesos".

También fija en 25 años "el plazo máximo que tendrá el Estado para arribar a una sentencia definitiva en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona”.

Luego, Arrieta aseguró: "Seguiré denunciando públicamente todas las pruebas que tengo en mi poder hasta que el Congreso constituya una Comisión Investigadora para determinar las responsabilidades de quienes visitamos la cárcel de Ezeiza, como fines reales y el origen de grupos ocultos de poder".

Arrieta es la segunda diputada que busca despegarse del escándalo posterior a la visita al penal de Ezeiza. Previamente, la diputada Rocío Bonacci también se mostró arrepentida de su visita y había denunciado las negociaciones entre los legisladores y los genocidas para avanzar con proyectos de ley.

Por su parte, Milei buscó desligarse de estos acontecimientos, mientras que los diputados de su partido le restaron importancia a la polémica visita.

En esta misma línea, el portavoz presidencial Manuel Adorni, aseguró este lunes en rueda de prensa que "es un tema del Poder Legislativo" y "una agenda de la diputada".

Arrieta renuncia a LLA

Este miércoles, Arrieta publicó en su cuenta de X una comunicación enviada al presidente de la Cámara de Diputados, en el que anunciaba que a partir del 27 de agosto dejaba de pertenecer al bloque “La Libertad Avanza” y conformaba el bloque “Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal”.

“Yo no puedo ser parte de un bloque que está en contra también de la agenda del presidente”, dijo en una conferencia de prensa.

La renuncia de la diputada Arrieta se produjo apenas minutos antes de que el partido, por votación de sus colegas legisladores, decidiera expulsarla.

Vicepresidenta argentina promete rebrir causas contra guerrillas de la dictadura

En medio de la tormenta política, la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, prometió este martes reabrir las causas de las víctimas de las guerrillas surgidas en los años 1970 y que se opusieron a la dictadura.

Una decisión que organizaciones de derechos humanos tachan de desconocimiento del "genocidio" cometido durante la época. "Argentina merece no ser un nido de impunidad y para ello hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia. Por eso, reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años", dijo Villarruel, también presidenta del Senado.

"Todos los 'montoneros' tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra Nación", prosiguió, refiriéndose a los miembros de la guerrilla que pregonaba un "socialismo nacional" y que fue sofocada durante la última dictadura militar en Argentina de 1976 a 1983.

En respuesta, la agrupación HIJOS, formada por hijos de secuestrados y desaparecidos, publicó un comunicado en la red social X en el que "repudia la glorificación del terrorismo de Estado por parte de la vicepresidenta (...) desconociendo el genocidio", así como "los crímenes de lesa humanidad cometidos en más de 800 centros clandestinos".

Milei elimina organismo que investiga apropiación de niños

La publicación del polémico borrador ocurrió dos semanas después de una medida del Gobierno que despertó una ola de críticas: el Ejecutivo eliminó la unidad integrada en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) destinada a investigar la apropiación de niños durante la última dictadura, que ocurrió entre 1976 y 1983.

En el decreto, el Gobierno argumentó que esta unidad gozaba de "facultades de investigación, por iniciativa propia para la individualización de los responsables de posibles hechos criminales" y que le fue otorgado "acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades”.

Durante la última dictadura militar, aproximadamente 500 bebés fueron robados y madres que dieron a luz en centros clandestinos de detención y tortura fueron desaparecidas, de acuerdo a estimaciones de la organización Abuelas de Plaza de Mayo.

Desde el inicio de su campaña a la presidencia, Milei y su vicepresidentaVillarruel han negado la cifra consensuada por organismos de derechos humanos de 30.000 desaparecidos y, en cambio, solamente reconocen 8.751 desaparecidos.

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