Las políticas libertarias y su impacto en la soberanía nacional argentina

En el actual panorama político y económico de Argentina, el debate sobre la dirección del país se ha intensificado en los últimos meses tras las reformas que el gobierno del presidente Javier Milei busca implementar, las cuales, según los críticos, representan un cambio de postura

Durante muchos años, Argentina ha mantenido una política exterior neutral, eligiendo no alinearse con potencias en conflictos globales. Su industria nacional, que incluye sectores como la agroindustria, la automotriz y el energético, ha sido un motor clave de su economía.

La economía argentina es una de las más grandes de América Latina. Su Producto Interno Bruto (PIB) la ubica en la posición 22 en el ranking de las economías del mundo. Además, tiene una importante base industrial y un sector de servicios en expansión, incluyendo un creciente mercado tecnológico y start ups. El país también cuenta con un sistema educativo prestigioso, destacándose en la región por su calidad y accesibilidad.

Sin embargo, hoy en día, según analistas Argentina enfrenta dificultades debido a la creciente influencia de las políticas libertarias promovidas por Javier Milei, líder de la ultraderecha argentina.

El sociólogo Sebastián Schulz, en exclusiva para TRT Español, advierte que las políticas libertarias de Milei en Argentina comprometen gravemente la soberanía nacional. Señala que la dolarización propuesta por Milei, al ceder el control de la política monetaria a la Reserva Federal de Estados Unidos, implica una pérdida de soberanía económica.

Además, Schulz destaca que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, la privatización de empresas estatales y el alineamiento estratégico con EE.UU. y con Israel agravan esta situación, subordinado los intereses nacionales a potencias extranjeras y afectando la independencia económica y política del país.

Históricamente, cuando se aborda la soberanía nacional en Argentina, es esencial destacar el impacto de dos presidentes: Julio Argentino Roca y Juan Domingo Perón.

Roca consolidó los territorios argentinos y modernizó la infraestructura mediante la expansión de los ferrocarriles con inversión extranjera. También implementó la Ley de Matrimonio Civil, que transfirió el registro de nacimientos, casamiento y defunciones de la Iglesia al Estado argentino, y la Ley de Educación Común, que estableció la educación primaria obligatoria, gratuita y laica.

Por su parte, Perón promovió la justicia social y los derechos laborales, fortaleció la industria y nacionalizó sectores clave como los ferrocarriles, el gas, la electricidad y el petróleo, fomentando la independencia económica y la sustitución de importaciones. Perón democratizó el acceso a la educación superior al establecer la gratuidad de la educación universitaria, promulgando un decreto en noviembre de 1949 que eliminó los aranceles universitarios.

El expresidente, a través de sus políticas económicas, buscó fortalecer la industria nacional para reducir la dependencia de productos extranjeros. Perón priorizó la autosuficiencia económica y la reducción de la dependencia externa. En lugar de depender de préstamos internacionales, promovió inversiones en infraestructura y desarrollo industrial dentro del país, buscando un crecimiento económico sostenible y menos vulnerable a las influencias externas.

La historiadora Marta Philp destaca que cada gobierno interpreta la soberanía según su ideología, pero subraya que para ejercer la soberanía en el país es esencial la presencia del Estado defendiendo los intereses nacionales. La autora señala que la ideología de Milei, orientada hacia la inserción de Argentina en el orden económico internacional, con modelos como Estados Unidos e Israel, disminuye las posibilidades de ejercer plenamente la soberanía nacional.

Argentina actualmente tiene una deuda de más de 45 mil millones de dólares estadounidenses con Fondo Monetario Internacional (FMI), resultado del pedido de préstamo realizado durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, líder de centro-derecha argentina. La administración de Macri (diciembre 2015 a diciembre 2019) buscó implementar políticas de mercado y liberalización económica, en un intento por atraer inversiones y estabilizar la economía del país.

El préstamo con el FMI, solicitado en 2018, fue histórico debido a su magnitud, siendo el más grande jamás otorgado por la institución hasta ese momento. Este acuerdo se realizó en un contexto de crisis económica, caracterizada por una alta inflación, devaluación del peso argentino y una caída en la confianza de los mercados internacionales.

El gobierno de Milei buscó renegociar la deuda heredada de Macri con el FMI en varias instancias, ya que el país estuvo muy cerca de incurrir en un incumplimiento de pagos en los últimos meses. El famoso economista argentino y exjefe del consejo de asesores de Milei Carlos Rodríguez ha destacado que el único préstamo que el FMI estaría dispuesto a otorgar es para permitir el pago de dicha deuda. Esta situación subraya la presión económica que enfrenta el país.

Por otro lado, Milei considera fundamental la dolarización del país y la adopción del dólar como moneda oficial, incluso sin considerar los posibles costos futuros. Entre los argumentos esbozados, el presidente afirma que el dólar estadounidense como moneda oficial podría ofrecer mayor estabilidad y confianza en el sistema financiero argentino, reduciendo así la volatilidad económica y promoviendo una mayor previsibilidad para los inversores y consumidores. Argumenta que Argentina necesita más préstamos del exterior para llevar a cabo la dolarización sin que esto provoque un colapso en su economía.

Este enfoque conlleva más endeudamiento, ya que se requiere un respaldo económico sólido para sostener esta transición hacia el dólar como moneda oficial y, por lo tanto, más dependencia externa.

De nacionalización hacia la privatización de las empresas estratégicas

El doctor en Ciencias Sociales e historiador Martín Martinelli explica a TRT Español que las políticas del gobierno de Milei parecen estar dirigidas desde el exterior para debilitar la soberanía argentina y utilizar al país como modelo de prueba para desestabilizar la región.

Martinelli considera que Milei continúa las políticas neoliberales de la última dictadura, de Carlos Menem y Macri, que generan mayor dependencia económica, permiten la explotación de recursos estratégicos y predisponen a Argentina como una plataforma para influir en las políticas regionales, especialmente en Brasil, miembro del BRICS+.

Además, Martinelli subraya que estas políticas buscan debilitar al Estado y a la educación pública, elementos clave para la soberanía nacional, en beneficio de una élite alineada con los intereses de dominación estadounidense.

La privatización y desregulación, pilares de las políticas libertarias de Milei, implica que sectores estratégicos de la economía argentina, como la energía, el transporte y las telecomunicaciones, pasen a ser controlados por empresas extranjeras. En un país como Argentina, con un vasto territorio equivalente al de la Unión Europea, pero con solo aproximadamente 46 millones de habitantes, el rol del Estado es crucial.

Históricamente, la nacionalización de ferrocarriles en 1948 y la creación de Aerolíneas Argentinas en 1950 fueron iniciativas emblemáticas del gobierno de Perón para fortalecer la infraestructura y la soberanía del país.

Los ferrocarriles, anteriormente controlados por empresas británicas y francesas, pasaron a mano del Estado, asegurando el control nacional sobre una infraestructura clave, y permitiendo reinvertir las ganancias en el desarrollo interno.

Por otro lado, la fundación de Aerolíneas Argentinas mediante la fusión de varias aerolíneas locales creó una compañía aérea nacional destinada a conectar el amplio territorio argentino y promover el desarrollo económico y turístico.

Alejandro Kogan, representante del sindicato de aeronavegantes subraya que el decreto permitirá que empresas extranjeras exploten el territorio nacional, lo que considera una "vulneración absoluta de la soberanía nacional". Advierte que esta medida pone en peligro la línea aérea de bandera y podría resultar en la pérdida de puestos de trabajo, todo en favor de intereses rentables vinculados al turismo.

La privatización total de empresas estratégicas, como las de trenes y/o aviones, podría llevar a situaciones donde estas dejen de operar en ciertas regiones si no resultan rentables, lo cual podría afectar la conectividad y comunicación entre el interior y el centro del país. Esta reducción del papel del Estado en la regulación de sectores clave compromete la soberanía del país, al dejar decisiones cruciales en manos de actores externos con intereses propios.

La experiencia histórica de Argentina con la nacionalización y la gestión estatal de infraestructuras estratégicas sugiere que una fuerte presencia estatal puede ser beneficiosa para garantizar el desarrollo equitativo y la cohesión nacional. La desconexión de ciertas regiones podría profundizar las desigualdades y obstaculizar el crecimiento económico en áreas menos desarrolladas. Además, la capacidad del Estado para intervenir en momentos de crisis o necesidad nacional se vería seriamente limitada bajo un régimen de privatización total.

En este contexto, es fundamental debatir sobre el equilibrio adecuado entre la privatización y la intervención estatal, considerando tanto la eficiencia económica como la equidad y la soberanía nacional.

La política de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), implementada durante la presidencia de Perón, fue clave para intentar fortalecer la economía nacional mediante la producción local de bienes antes importados. Esto no solo buscaba generar empleo y reducir la dependencia externa, sino también fomentar un desarrollo industrial interno más robusto.

En contraste, las políticas actuales de apertura de mercados pueden traer beneficios en términos de acceso a productos más variados y potencialmente más baratos para los consumidores argentinos, pero también plantean desafíos significativos para las Pymes locales. La competencia con empresas extranjeras, que a menudo tienen mayores recursos financieros y tecnológicos, puede ser desigual y poner en riesgo la subsistencia de muchas empresas locales.

El prestigio de la educación argentina es indudablemente de las mejores de América Latina. Durante la presidencia de Perón se implementó la gratuidad de la educación universitaria con el fin de democratizar el acceso a la educación superior, permitiendo que estudiantes de todas las clases sociales pudieran formarse en las universidades del país. Además, en 1958, se fundó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para promover y coordinar la investigación científica y tecnológica en Argentina.

Privatizar la educación pública y cerrar o privatizar instituciones científicas no solo debilita uno de los pilares fundamentales del progreso del país, sino que también afecta al desarrollo del capital humano necesario para un crecimiento sostenible a largo plazo. Por lo tanto, esto no solo impacta a Argentina, sino también a varios países de América Latina, ya que muchos profesionales de la región son graduados de universidades argentinas.

La adopción de modelos económicos y sociales extranjeros también tiene un impacto cultural significativo. Estos cambios no solo afectan la estructura económica y social del país, sino que también influyen en los valores, costumbres y tradiciones. La introducción de nuevas formas de consumo, estilos de vida y prácticas laborales puede provocar una pérdida de identidad cultural y una homogeneización que diluya las características propias de la sociedad argentina. Este proceso comprometería la identidad cultural de Argentina, afectando la cohesión social y el sentido de pertenencia de su población.

Es por esto que, mientras Argentina va adoptando políticas libertarias de Milei, su independencia económica, política y cultural podría verse comprometida. Esta tendencia hacia una mayor dependencia y desregulación plantea desafíos para la capacidad del país de tomar decisiones autónomas que beneficien a su población. Es crucial que Argentina encuentre un equilibrio entre la adopción de políticas que promuevan el crecimiento económico y la necesidad de mantener su autosuficiencia y su identidad nacional.