Emberas: el drama de la discriminación indígena en Bogotá

‘Un ciclo sin fin’, esa es la figura que mejor representa la travesía de los indígenas embera katio y embera chamí, originarios principalmente de los departamentos del Chocó y Risaralda, instalados hoy por hoy en Bogotá por cuenta de la violencia armada que se registra en sus territorios de origen.

Una comunidad que en el caso Chami, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, tiene una población superior a los 77.000 en todo el territorio nacional. La población katio, según el mismo censo, supera los 48.000 integrantes.

Aunque el desplazamiento indígena completa ya varias décadas, y tiene como autores diversos grupos entre los que se encuentran las FARC, el EPL y el ELN, en el caso embera no fue sino hasta el 2021 cuando la situación se volvió insostenible y cerca de 500 personas de estas comunidades ocuparon el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera de Bogotá para ser escuchados y exigir, de una vez y para siempre, el cumplimiento de las promesas varias veces evadidas por el Estado: una vida digna y segura.

“El desplazamiento forzado de las comunidades indígenas en el Chocó, en la zona del Pacífico del país, y en el suroccidente colombiano siempre ha sido una sistemática vulneración a los derechos a la vida, al territorio y a los derechos humanos”, explica a TRT Español Aída Marina Quilcué, lideresa social, autoridad indígena y actual senadora en el Congreso de República.

“Tiene que ver con el conflicto armado, inmerso en unos intereses de carácter económico. En el caso del Chocó gira en torno a la madera, la minería y el interés sobre las rutas del narcotráfico”, añade.

Discriminación sistemática de la ciudad y el Estado

Durmiendo sobre el suelo, bajo improvisadas carpas plásticas y cocinando con leña, los embera pasaron, desde mediados de 2021, cerca de siete meses en el parque hasta que fueron reubicados en la Unidad de Protección Integral ‘La Rioja’, bajo protección de la Alcaldía de Bogotá.

Un edificio con capacidad para 400 personas y que actualmente alberga a más de 1.000, presentando una alarmante situación de hacinamiento, bajo peligrosas condiciones de salubridad y padeciendo enfermedades respiratorias como tuberculosis y neumonía, que se han cobrado la vida de más de 40 personas, principalmente menores de edad.

Su presencia en Bogotá los ha llevado a ser objeto de discriminación y estigmatización, tanto por parte de la ciudadanía, que recela de su presencia en el espacio público, como por parte de las entidades públicas, que más que dar una solución de fondo estarían tratando de ocultar su presencia, con soluciones sin ningún enfoque étnico.

Leoníbal Campo, líder indígena de los emberá Katio en la UPI ‘La Rioja’, denunció ante TRT Español las malas condiciones en las que se encuentran actualmente, impropias de una vida digna.

“En las comunidades viven tirados unos encima de otros, en el piso y no hay garantía para el kit de la noche. No hay un subsidio para los niños y no hay subsidio para su bienestar. Ellos son ciudadanos y como colombianos tienen derechos”, manifestó Campo.

El líder indígena resaltó que los menores llevan casi dos meses sin educación por cuenta de otro aspecto de esta discriminación, la falta de medidas y soluciones con enfoque de género. Un factor importante para ellos y la conservación de su cosmovisión que, con su llegada a la ciudad, se viene perdiendo.

“Acá están discriminando nuestro lenguaje, a nuestros líderes, nuestro derecho a educación propia, a salud propia, y otras entidades quieren discriminarnos por lo que estamos exigiendo. Como pueblos embera katio somos pura lengua materna, pura espiritualidad, pura comida típica y pura medicina tradicional. Ellos quieren desconocernos y sólo nos discriminan. Lo único que estamos exigiendo es bienestar para nuestra población”, explicó Leonibal Campo.

La deuda con el enfoque diferencial y la etnoeducación

La educación es uno de los principales ejes por el que los emberas se sienten discriminados.

No sólo porque la cosmovisión de los colegios públicos en la capital no corresponde a la de los embera, sino porque hay obstáculos para que hombres y mujeres de dicha comunidad puedan ejercer como profesores incluso dentro de sus mismas comunidades. Un tema crucial para la supervivencia de su cultura, a pesar de la distancia con el territorio.

“La educación es el elemento fundamental de la supervivencia de la cultura en el tiempo y el espacio, así lo denominamos nosotros los pueblos indígenas”, agrega al respecto la senadora Aída Marina Quilcué, quien también es una reconocida lideresa social, autoridad indígena y miembro del pueblo Nasa Piçkwe Tha Fiw del Cauca.

“La ley 21 del 91, que es el convenio 169 de la OIT y la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas habla de la autodeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que los pueblos indígenas tienen derecho a desarrollar su cultura, estén donde estén, y garantiza que puedan hablar su idioma, que puedan vestirse como se visten, que puedan ser lo que son y ejercer gobierno propio”, destacó al respecto la senadora.

En ese sentido, en la lucha contra la discriminación resulta prioritario adelantar procesos de etno-educación y de enfoque diferencial, tema que trasciende a la salud y a la medicina ancestral, para una atención adecuada por parte de la institucionalidad.

“Los funcionarios de las instituciones aún no han cambiado el chip de la diversidad sobre una lógica individual, sectarista y clasista que tienen. Eso hace que tampoco la institucionalidad sea eficiente para atender la situación”, agregó Quilcué.