De soldados a mercenarios: Colombia en la maquinaria global de guerra

El reciente anuncio del mandatario Gustavo Petro de prohibir el mercenarismo en Colombia ha encendido nuevamente el debate sobre el rol del país como exportador de violencia.

El motivo: episodios actuales como el de Ucrania, donde desde 2022 han participado, según el Ministerio de Defensa de Rusia, 430 mercenarios colombianos, de los cuales 217 han muerto. Y la intervención de exmilitares colombianos en operaciones clandestinas en Sudán (2024), donde se estima que a la fecha más de una veintena de estos mercenarios han caído en combates y otros se encuentran desaparecidos.

Estos datos exponen no solo la magnitud del problema, sino también la vulnerabilidad de estos combatientes en escenarios de alta peligrosidad.

Este fenómeno, enraizado en una historia de militarización e influencias extranjeras, revela cómo las nuevas guerras han transitado hacia la industria militar privada, generando ganancias multimillonarias para intereses corporativos y gobiernos de países desarrollados.

Sin cambios estructurales profundos, Colombia corre el riesgo de perpetuar su papel como proveedor de soldados y estrategias de guerra para conflictos globales.

Un legado de militarización y dependencia

Desde la década de 1960, Colombia ha estado profundamente influenciada por Estados Unidos, particularmente a través de programas como la Escuela de las Américas y la misión del general William Yarborough en 1962.

Este último recomendó la implementación de tácticas de guerra sucia y la creación de grupos paramilitares, consolidando un modelo de militarización que persiste hasta hoy.

La doctrina militar colombiana, centrada en el “enemigo interno”, se tradujo en la formación de una fuerza militar altamente entrenada y versátil, que posteriormente se convirtió en una cantera para la exportación de mercenarios.

Entre las misiones y conflictos donde exmilitares colombianos han participado destacan:

- El Salvador (1980-1992): entrenaron fuerzas responsables de violaciones de derechos humanos.

- Nicaragua (década de 1980): apoyaron a la Contra, financiada por Estados Unidos, contra el gobierno sandinista.

- Afganistán (post-2001): fueron contratados por empresas privadas para operar en zonas de guerra.

- En Venezuela (2020), la fallida Operación Gedeón contra el presidente venezolano Nicolás Maduro develó una estrecha vinculación de estos actores con misiones paramilitares y redes de violencia transnacional.

- Haití (2021): un caso emblemático en el que exmilitares colombianos participaron en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse.

También existen múltiples informes que señalan la participación de exmilitares colombianos en actividades relacionadas con carteles de la droga en México y Centroamérica.

Aprovechando su entrenamiento militar, han sido reclutados para entrenar a sicarios en tácticas avanzadas, incluyendo el uso de rifles de francotirador y explosivos improvisados.

Así mismo, para el entrenamiento de fuerzas especiales y manejo de aeronaves, para fortalecer sus estructuras criminales.

Este fenómeno no es nuevo: ya en 2011, se reportó que exmilitares colombianos entrenaban a miembros de Los Zetas en México, una temida agrupación criminal dedicada al tráfico de drogas

La industria militar privada: un negocio estratégico y lucrativo

El mercado global de servicios militares y de seguridad privada se estima en más de 100.000 millones de dólares al año.

En Colombia, la industria de seguridad privada genera aproximadamente 6,7 billones de pesos al año (1.660 millones de dólares), lo que representa el 1% del PIB y emplea a cerca de 500.000 personas, muchas de ellas exmilitares.

La presencia de mercenarios colombianos en conflictos internacionales también subraya cómo el país se ha convertido en un engranaje clave en la maquinaria de la guerra globalizada.

Grandes empresas como Academi (antes Blackwater), la principal contratista de EE.UU.; G4S, Defion Internacional, Aegis Defense Services, DynCorp, Unity Resources Group son algunas de las que potencian y se lucran en este ejercicio de muerte e inestabilidad global.

La doctrina militar norteamericana contemporánea ha evolucionado hacia estrategias que combinan elementos de guerra proxy, guerra híbrida y la creciente dependencia de la industria militar privada.

Estas tácticas, diseñadas para reducir el costo político y humano de los conflictos directos, externalizan la violencia a través de actores intermediarios, como milicias locales o mercenarios, y emplean herramientas no convencionales que van desde operaciones cibernéticas hasta la desinformación.

En este contexto, las compañías militares privadas se han convertido en un pilar fundamental, facilitando la ejecución de misiones clandestinas y proporcionando personal militar altamente capacitado para conflictos en regiones estratégicas como el Medio Oriente y América Latina.

Esta dinámica, alentada por el lucrativo mercado de la guerra, crea un círculo vicioso donde los países y corporaciones obtienen beneficios económicos, mientras que las naciones receptoras sufren una desestabilización estructural que perpetúa la violencia y la dependencia externa.

Hacia una transformación profunda

La propuesta del presidente Petro para prohibir el mercenarismo es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente sin reformas estructurales que aborden las causas profundas del problema. Algunas propuestas clave, para remediar de raíz el problema, incluyen:

1. Reformar la formación militar: basarla en derechos humanos y el servicio al pueblo, con un enfoque en la protección de la ciudadanía en lugar de responder a intereses de élites o actores externos.

2. Desmantelar el paramilitarismo: diseñar políticas efectivas para desarticular grupos armados ilegales y prevenir su reciclaje en sectores privados de seguridad.

3. Control interno contra la corrupción: implementar auditorías externas y unidades especializadas en ética y transparencia dentro de las fuerzas armadas.

4. Regular las empresas privadas de seguridad: establecer marcos legales más estrictos para prevenir abusos y evitar que se conviertan en herramientas de intervencionismo extranjero.

5. Independencia en la formación militar: crear un modelo de capacitación con identidad latinoamericana, desvinculado de directrices extranjeras como el Comando Sur, entre otras.

6. Promover la educación para la paz: implementar programas educativos que fomenten la justicia social, la soberanía y el rechazo al intervencionismo.

7. Cooperación regional: fortalecer organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para desarrollar un modelo de seguridad soberano y autónomo.

Un futuro en juego

El mercenarismo y la militarización de los territorios colombianos son recordatorios de los costos de una dependencia militar perpetuada por intereses extranjeros.

La alianza de Colombia con el Comando Sur de Estados Unidos e intereses extranjeros refuerza una dependencia militar que socava la soberanía nacional.

Si esta relación persiste, es probable que el mercenarismo y la privatización de la seguridad se profundicen, exacerbando los impactos negativos en la seguridad regional y la estabilidad interna.

Este momento crítico exige una acción decidida por parte del gobierno y la sociedad para transformar el modelo de seguridad y redefinir el rumbo del país hacia una política soberana, orientada a la paz y la dignidad de sus pueblos.