México aprueba reforma judicial: ¿qué significa y qué pasará ahora?

El Senado aprobó la reforma del Poder Judicial en medio de un clima de polémica y a pesar de que manifestantes interrumpieron el debate. Estos son los cambios más importantes y los próximos pasos.

La reforma, que avanzó rápidamente bajo un clima de polémica y cuestionamientos en las últimas semanas, fue presentada por el presidente, López Obrador. / Foto: AP. / Photo: AFP
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La reforma, que avanzó rápidamente bajo un clima de polémica y cuestionamientos en las últimas semanas, fue presentada por el presidente, López Obrador. / Foto: AP. / Photo: AFP

Tras una tensa jornada en la cual manifestantes irrumpieron en el Senado, México aprobó este miércoles la reforma judicial presentada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que determina la elección de los jueces mediante la elección popular, y que ha causado controversia y acusaciones de la oposición en las últimas semanas.

El Senado aprobó en general la enmienda constitucional que modifica el poder judicial durante la madrugada, con 86 votos a favor, equivalentes a dos tercios de los 127 senadores presentes en la cámara alta, que es dominada por el partido oficialista Morena y sus aliados, y 41 votos en contra de los partidos de la oposición.

La reforma, que avanzó rápidamente bajo un clima de polémica y cuestionamientos en las últimas semanas, fue presentada por López Obrador, en una de sus últimas acciones como presidente, ya que entregará el poder el 1 de octubre a Claudia Sheinbaum, su sucesora del partido Morena.

Previamente, la reforma que establece la elección popular de todos los jueces y magistrados, incluyendo a los de la Suprema Corte de Justicia, fue aprobada en primera instancia el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, que tiene mayoría del partido gobernante Morena. También se realizó en medio de protestas y huelgas de los trabajadores del sector, y la sesión debió llevarse a cabo en un coliseo deportivo debido a los bloqueos de manifestantes en la sede del Congreso.

La Cámara de Diputados, con mayoría del partido gobernante Morena, aprobó el proyecto de ley de la reforma el pasado miércoles.

Tensión por manifestantes y denuncia de “intento de golpe” contra el legislativo

Las imágenes de los manifestantes irrumpiendo en el Senado mientras los legisladores debatían el proyecto marcaron la última etapa de la discusión de la reforma.

Antes de que los manifestantes tomaran las tribunas, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, suspendió la sesión, que continuó más tarde en su antigua sede.

Luego, Fernández aseguró que la invasión fue un "intento de golpe" contra el Legislativo y culpó a la oposición de facilitar el ingreso de los manifestantes.

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Manifestantes interrumpen una sesión del Senado en la que los legisladores debatían la reforma judicial propuesta por el Gobierno de López Obrador. (AP, Félix Márquez)

¿Qué pasará ahora? Los próximos pasos

El proyecto fue aprobado “en general” y también “en particular”. Ahora, la enmienda pasará a los congresos locales para su discusión y votación. Se necesita el aval de por lo menos 17 de los 32 congresos estatales. Este paso tendría pocos obstáculos, ya que el partido gobernante tiene la mayoría en esos congresos.

Finalmente, será promulgada por la presidencia, dando paso a la aplicación de las reformas y a la organización de elecciones extraordinarias en 2025 y 2027, donde podrán presentarse candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Los actuales ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados, que suman aproximadamente 1.600, podrían postularse para los comicios. Si no lo hacen, permanecerán en sus cargos hasta que asuman los electos.

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¿Cuáles son los cambios más importantes que propone la reforma?

Aunque el cambio principal es que los jueces y magistrados serán elegidos por voto popular, la reforma también establece cambios en la Corte Suprema y en otras instituciones.

El proyecto estipula que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina serán seleccionados por la ciudadanía mediante votaciones ordinarias y sus campañas no podrán ser financiadas con capital privado.

El mecanismo actual es que el presidente propone a los candidatos para la Suprema Corte a través de una terna y el ganador debe recibir el respaldo de al menos dos terceras partes de los senadores al momento de la votación. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura Federal nombraba a jueces y magistrados a partir de exámenes y concursos de méritos.

Cambios en la Corte Suprema: La reforma reduce el número de ministros de la Suprema Corte de once a nueve, mientras su encargo pasa de 15 a 12 años.

Asimismo, elimina la pensión vitalicia que reciben los ministros al cumplir su período y prohíbe que sus integrantes ganen más que el presidente, una medida ya existente pero que no se cumple.

Cambios en el Consejo de la Judicatura Federal: la reforma elimina el este Consejo, que administra y vigila la conducta de los funcionarios judiciales, y ordena la creación de un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial. Ese tribunal evaluará e investigará el desempeño de los jueces, podrá remitir eventuales casos criminales a la Fiscalía y solicitar juicios políticos a los juzgadores ante la Cámara de Diputados.

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Críticas y controversia

López Obrador y la presidenta electa Sheinbaum han defendido enérgicamente la reforma, asegurando que es esencial para aumentar la transparencia y “limpiar” a la justicia de la corrupción.

Asimismo, el mandatario insiste en que el voto acercará la justicia a la gente en este país donde diariamente se registran aproximadamente 80 homicidios y la impunidad supera 90%, según la Corte Suprema.

Pero la oposición denuncia que la reforma podría comprometer la independencia del Poder Judicial al politizar los cargos.

Asimismo, cientos de trabajadores judiciales, incluyendo jueces y magistrados, han protestado al señalar que se vulneran sus derechos laborales. Según explican, la reforma elimina la carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder al cargo de juez federal.

La enmienda también es criticada por Estados Unidos y Canadá, que aseguran que implica un “riesgo democrático”.

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