Reforma de Milei: ¿termina la educación y salud gratuita para extranjeros?

Argentina lleva décadas ofreciendo educación y salud gratuita de acceso universal: lo que, por definición, también incluye a los extranjeros. Algo a lo que el Gobierno del presidente Javier Milei le puso la lupa y ahora busca reformar, para que los ciudadanos de otros países empiecen a pagar por la educación en las universidades públicas y la atención en hospitales.

Con la reforma del régimen migratorio "se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes", así como "el fin de la gratuidad de la atención médica para los extranjeros que no residan en el país", anunció este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Esta medida, según el Gobierno, busca profundizar el ahorro fiscal. Sin embargo, ha generado controversia ya que miles de personas que actualmente viven en Argentina, trabajando y pagando impuestos allí, pero que aún no tienen la residencia permanente sin vencimiento podrían quedar sin acceso a la salud y a la educación pública.

Con respecto a las universidades, Adorni aseguró que “esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”. Incluso, puso como ejemplo que “hoy uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”.

Según los últimos datos disponibles de la Secretaría de Educación, citados por la agencia de noticias AFP, hasta 2022 había 122.769 extranjeros que estudiaban en universidades argentinas, de los cuales 104.998 eran de pregrado y grado, lo que representa un 4,1% dentro de los 2.540.854 estudiantes universitarios.

El proyecto de ley redefinirá el concepto de residencia. Actualmente, existen cuatro categorías: Precaria (90 días), Transitoria (1 año), Temporaria (3 años) y Permanente (sin vencimiento). Según detalló el diario argentino Página/12, si la reforma de Milei se aprueba, las universidades podrán cobrar a los estudiantes con los primeros tres tipos de residencia.

Sin embargo, no está claro cómo se implementará esta medida en caso de que la reforma se apruebe. Aunque el gobierno pretende que las universidades nacionales sean las que cobren el arancel a los extranjeros no residentes, no puede hacerlo directamente dado que las universidades nacionales son autónomas.

Este anuncio sobre reducir el acceso universitario ocurre en medio del pulso que mantiene el presidente con las universidades públicas desde hace meses por el recorte de presupuesto y que ha desatado varias protestas masivas.

Restricciones en acceso a la salud

El segundo punto de la reforma buscará cobrar a los extranjeros por la atención en hospitales, que hasta el momento es gratuita y se considera una de las más calificadas de la región.

Sin embargo, esta medida sólo podrá regir para el servicio de salud dependiente del Estado Nacional. Como Argentina es un país federal, el poder nacional únicamente puede decidir sobre los hospitales a su cargo, debido a que las provincias tienen autonomía. Es decir, en el caso de hospitales provinciales y municipales, su aplicación dependerá de cada distrito.

En este contexto, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró que el acceso a la salud continuará siendo gratuito en el distrito. Señaló que la atención a personas no residentes tiene un impacto mínimo en el sistema, citando que en esta provincia solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las hospitalizaciones corresponden a extranjeros.

En contraste, algunas provincias ya han comenzado a cobrar por salud a extranjeros no residentes desde este año, como Mendoza, Santa Cruz, Jujuy y Salta. En este sentido, Adorni resaltó el ejemplo de Salta, que a principios de año decidió cobrar el servicio de salud a los extranjeros, en su mayoría provenientes del país vecino Bolivia. En este sentido, aseguró que esa provincia “ahorró más de 60 millones de pesos (aproximadamente 58.000 dólares)” al bajar un 95% la atención a extranjeros.

Reforma en seguridad

El proyecto de reforma migratoria no solo comprende educación y salud, sino también seguridad. Junto a los primeros dos anuncios, Adorni también adelantó que el Gobierno busca incorporar más delitos como causa para impedir el ingreso o que justifiquen la expulsión de inmigrantes del país.

"Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país", aseguró.

“Queremos cumplir un viejo anhelo que tenemos muchos: que el residente argentino esté por encima del no residente en lo académico, en lo universitario y que tengan mejores condiciones y gratuidad aquellos que son argentinos. Lo mismo en los hospitales”, añadió durante la conferencia de prensa.

El camino para aprobar la reforma

De momento, la Secretaría de Interior está trabajando en el proyecto junto a la Dirección Nacional de Migraciones. Para que la reforma se concrete, el camino será largo: el Poder Ejecutivo debe enviar el proyecto al Congreso, donde se podría debatir en sesiones extraordinarias, aunque no es seguro que logren convocarlas, o se pospondrá hasta las ordinarias del año que viene. Luego, restará ver si consiguen los votos suficientes para aprobar el proyecto y pasar luego a debate en el Senado.