Primer año de Milei: ¿estabilización a un costo social elevado?

En poco tiempo, el presidente de Argentina, Javier Milei, cumplirá un año de mandato. Si bien su gobierno logró un superávit de las cuentas públicas en tiempo récord, la contracara de ese éxito fue una severa contracción de la actividad económica con un elevado costo social. A la paralización de obras públicas, los despidos para reducir el Estado, la caída del consumo y la precarización del empleo, se suman el empobrecimiento de los jubilados y el recorte en ciencia y educación, que generó movilizaciones y tomas de universidades por estudiantes en vilo ante la disminución del financiamiento a la educación superior.

Milei es considerado por algunos una figura atípica en el escenario político argentino. Su ascenso político fue catapultado por la exposición mediática y las redes sociales, llevándolo en 2021 a lograr un escaño en el Congreso y en 2023 a la presidencia del país.

Licenciado en Economía de la Universidad de Belgrano, una institución privada, se autodefine como “libertario” o “anarcocapitalista”. Según la proclama de su espacio político, La Libertad Avanza, su misión es “impulsar políticas liberales para que Argentina vuelva a ser el país pujante que era a comienzos de 1900”. La paradoja es que, en la Argentina de aquella época, los anarquistas eran vistos como una amenaza a la estabilidad social y el orden establecido por la élite gobernante, es decir, la oligarquía capitalista que defendía los principios del liberalismo económico.

Su lema de campaña en contra de la “casta” apeló directamente a una sociedad agobiada por más de diez años de estanflación y un vacío de poder que caracterizó la última etapa del Gobierno de Alberto Fernández. Su propuesta ante esto fue “licuadora y motosierra”.

Fragilidades que socavan la confianza en el modelo

Milei asumió con el propósito de achicar el Estado, privatizar empresas públicas deficitarias, incentivar inversiones privadas, eliminar el Banco Central y liberar los controles de cambio.

Tras su asunción, realizó una devaluación del 54% del valor de la moneda (el tipo de cambio oficial respecto al dólar estadounidense pasó de $365,95 a $799,95). Sus primeras medidas fueron la firma de un Decreto de Necesidad de Urgencia 70/2023 y el Proyecto de Ley de Bases (convertido en Ley 27.742), para impulsar una reforma del Estado, al estilo de la que implementó el expresidente Carlos Menem en 1989.

Desde los inicios de su gestión, la realidad se fue imponiendo a la retórica. Al igual que sucedió con su promesa de “dolarizar la economía”, que se desvaneció al poco tiempo, Milei no logró en estos diez meses desmantelar el control de cambios –denominado “cepo”-, una de sus banderas en la carrera a la presidencia. Tampoco consiguió la lluvia de inversiones que prometió en campaña, pese a los encuentros con reconocidos CEO, incluido el magnate Elon Musk, y la acogida favorable de Wall Street.

Su programa de estabilización apuntó a reducir el gasto público, controlar la emisión y estabilizar la moneda con devaluaciones pautadas por debajo de la inflación (crawling peg), sanear las cuentas del Banco Central y bajar las tasas de interés para combatir la inflación. Si bien consiguió desacelerar la subida de precios (desinflación), el crecimiento anual de la inflación hasta septiembre fue 101,6% (interanual llegó al 209%), mientras que la devaluación oficial de la moneda en ese período fue 16,46%. Aunque en el último mes el Gobierno aceleró el ritmo de devaluación, este desfase, junto a tasas de interés que superan la devaluación mensual, alimentó la especulación financiera (carry trade).

En su primer año de mandato, el desenvolvimiento de la economía fue asimétrico. La caída del PBI en el primer semestre de 2024 (-5,2% en el primer trimestre y -3,4% en el segundo respecto a igual período de 2023), provocó un aumento significativo en los indicadores de pobreza e indigencia (52,9% y 18,1%, respectivamente). Los sectores económicos más castigados, de acuerdo con los datos de variación interanual del segundo trimestre, fueron la construcción (-22,2%), la industria (-17,4%) y el comercio (-15,7%). Mientras evidenciaron dinamismo la agricultura y ganadería (81,2%), la pesca (41,3%) y, en menor medida, la minería (6,6%) y electricidad, gas y agua (2,8%).

El propio FMI se mostró escéptico sobre la eficacia de las políticas de Milei para generar crecimiento sostenible. Pese a ello, el Gobierno anunció el inicio de conversaciones con el organismo para obtener un nuevo acuerdo, teniendo en cuenta que en diciembre vence el acuerdo vigente y que, además, el próximo año Argentina deberá afrontar vencimientos de la deuda externa. Asimismo, se vio favorecido por la reducción de los intereses por sobrecargo que beneficia a economías altamente endeudadas con el FMI, como Argentina.

La contrapartida de esa noticia fue un revés judicial que Argentina tuvo en el Reino Unido por la causa denominada “cupón PBI”, que se suma a la incertidumbre por otros juicios que el país tiene en el exterior. Aun así, el panorama del cumplimiento de la deuda en el año próximo parece despejarse, luego de que el Gobierno anunciara acuerdos que garantizarían parte de los desembolsos. Esto, más el extraordinario resultado del “blanqueo de capitales”, provocó una importante reducción del riesgo país, que en octubre cayó un 23%, alcanzando 984 puntos.

Sin embargo, el mayor éxito de Milei es haber obtenido un superávit en tiempo récord (primario de 1,5% y financiero de 0,3% del PBI, en los primeros 8 meses de 2024), en una economía que históricamente arrojó déficits. Sin embargo, el correlato fue una drástica caída del gasto público (30% en términos reales).

Según el informe de la Secretaría de Política Económica, entre 2009 y 2022 el Gasto Público Consolidado de Argentina representó en promedio un 43,3% del PBI, y de ese monto, el 65% estuvo destinado a Servicios Sociales. El Gobierno Nacional es responsable de más de la mitad de este gasto, y la previsión social ocupa el primer lugar entre los Servicios Sociales, seguida por salud, educación, cultura, ciencia y técnica.

Esto explica el veto de Milei a la Ley de movilidad jubilatoria y a la Ley de financiamiento universitario, ambos refrendados por el Congreso, donde el gobierno cuenta con el apoyo de algunos legisladores del PRO y el Radicalismo. Esto último produjo movilizaciones masivas y tomas de universidades.

El desafío de mantener el ajuste en un año electoral

Como señaló Milei en la presentación del Presupuesto 2025, el propósito de su gobierno es estabilizar la macroeconomía, sin importar el ajuste que deban experimentar otras variables. Además, se jactó de ponerle un “cepo al Estado”.

Cabe recordar que en julio, el presidente había declarado que su objetivo es “hacer (de la Argentina) el país más libre del planeta” para que “sea una fuente de prosperidad para todos los argentinos y un excelente ejemplo para el mundo. Y para que sepan que las ideas de libertad funcionan”.

Pero también echó sombra a ese anuncio, al decir: “Obviamente, esto no iba a ser libre de costos, pero nosotros se lo dijimos siempre a la gente. Les dijimos que no hay plata, que iba a ser duro, que el inicio iba a ser complicado. Pero que si lo hacíamos, iban a empezar a dar buenos resultados”.

En estos diez meses, varios sectores todavía no perciben los anhelados buenos resultados. Para un país con una histórica tradición en la provisión de servicios públicos, donde más del 40% de la población depende de transferencias de fondos del Estado, más de dos tercios de los estudiantes reciben educación en escuelas estatales, cerca del 80% de los universitarios cursan sus carreras en universidades públicas y, según estimaciones, la población con medicina privada no llegaría al 10%, el recorte del financiamiento a los servicios públicos afecta a una parte importante de la sociedad. Esto puede ocasionar un “boomerang” para un presidente que se enorgullece de que su principal base de apoyo sean los jóvenes.

En cuanto al desempleo, si bien no creció significativamente (7,6% en el segundo trimestre 2024 contra 6,2% en el mismo período de 2023), las variables de ajuste fueron el ingreso y el subempleo, lo que se evidencia en el crecimiento de la presión sobre el mercado de trabajo (29,7% en el segundo trimestre de 2024 contra 27,9% en igual período de 2023). Sumado a ello, de continuar la reducción del Estado, el desempleo podría incrementarse.

Hay que añadir el interrogante que genera la profundización de la apertura comercial (con la eliminación del mpuesto PAÍS), considerando la apreciación de la moneda y la crisis que arrastran algunos sectores de la industria argentina.

En vísperas de un año electoral –habrá elecciones legislativas en el 2025–, y en un mundo en donde hasta los partidos de derecha apelaron a defender las políticas económicas expansivas, sostener la estabilización basándose principalmente en el recorte del gasto público puede representar un desafío de gobernabilidad si la administración Milei no logra revertir la estanflación.

El poder político de su estructura partidaria aún es incierto. Su partido fue recientemente creado, y hasta ahora se asentó en alianzas y en el apoyo de sectores sociales, algunos de los cuales están desencantados por el ajuste y la crisis económica. Además de los altibajos en la percepción de su imagen, su impacto en las redes sociales ha descendido.

La contracara del costo social es el costo político. La factura de ese costo social se verá en las elecciones del próximo año. Si el gobierno obtiene una victoria, podría no significar demasiado mientras no logre mejorar los indicadores socioeconómicos. Si obtiene una derrota, el costo político podría ser demasiado elevado.

Además de la pobreza, hay desequilibrios de larga data en la economía argentina que ponen en duda la sostenibilidad de una estabilización basada en el ajuste. Las estimaciones de algunas grandes consultoras no son tan optimistas como el presupuesto del gobierno, ya que prevén que el crecimiento (rebote) del PBI para el año 2025 sería menor, mientras que la inflación superaría la consignada en el presupuesto.

Todavía es pronto para saber si Milei es sólo una figura mediática que accedió al poder gracias al enojo popular o si quedará en la historia como el presidente que saneó los causantes de las crisis endémicas de la economía argentina. Lo evidente es que su primer año de presidencia no demuestra progresos en la estructura socioeconómica argentina. Su misión de convertir al país en una potencia de cara al futuro, hoy por hoy, sigue siendo una utopía.