Corte Suprema falla sobre inmunidad absoluta de Trump: ¿qué implica?

La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión clave en el caso contra Donald Trump por interferencia electoral en 2020: determinó que los expresidentes tienen amplia inmunidad ante la justicia. Esto implica que el republicano no será juzgado antes de las elecciones de este noviembre, pues el fallo extiende los plazos en el proceso penal.

Ahora bien, el alto tribunal no desestimó, como Trump buscaba, la acusación de que planeó ilegalmente aferrarse al poder después de perder ante el presidente Joe Biden en 2020. Aun así el fallo representa una importante victoria para el posible candidato presidencial republicano, cuya estrategia legal se ha centrado justamente en retrasar el procedimiento hasta después de las elecciones.

La decisión de la corte resulta clave en este momento porque también significa que, si Trump derrota a Biden en las urnas, podría nombrar un secretario de Justicia que desestime este caso de interferencia, así como los otros procesos federales que enfrenta el expresidente. Trump podría incluso ordenar un indulto para sí mismo.

Luego de conocer la decisión del alto tribunal, el expresidente y candidato republicano escribió en X, antes Twitter: “Gran victoria para nuestra Constitución y nuestra democracia. Orgulloso de ser estadounidense".

En contraste, Biden advirtió que el fallo sienta un "precedente peligroso" y que “la decisión de hoy significa casi con certeza que no hay límites a lo que un presidente puede hacer”.

"El pueblo estadounidense debe decidir si quiere confiar... una vez más, la presidencia a Donald Trump, sabiendo ahora que estará más envalentonado para hacer lo que le plazca, cuando quiera hacerlo", indicó.

Acto oficial vs. privado, la clave en el fallo de la Corte Suprema

El fallo, impulsado por la mayoría conservadora de la Corte Suprema, señaló que los expresidentes tienen inmunidad absoluta contra el enjuiciamiento por acciones oficiales que recaigan dentro de su "esfera exclusiva de autoridad constitucional" y se presume que tienen derecho a inmunidad.

Sin embargo, no tendrán inmunidad por acciones no oficiales o privadas.

El fallo implica que el fiscal especial Jack Smith no podrá continuar con las acusaciones más significativas en el caso contra Trump, o como mínimo deberá argumentar por qué las usaría en futuros procedimientos ante la jueza a cargo del caso.

Los jueces, por ejemplo, anularon la acusación de Smith acerca de que Trump intentó usar el poder de investigación del Departamento de Justicia para deshacer los resultados electorales. Argumentaron que sus comunicaciones con funcionarios de un organismo oficial están claramente protegidas del enjuiciamiento.

Ahora, la corte devolvió el caso a la jueza de Distrito de EE.UU., Tanya Chutkan, quien debe "analizar cuidadosamente" si otras acusaciones involucran conductas oficiales por las cuales el presidente sería inmune al enjuiciamiento.

Entre los temas que requieren un análisis adicional se encuentra el acoso de Trump al entonces vicepresidente Mike Pence para que no certificara los votos electorales el 6 de enero de 2021. Los jueces dijeron que "en última instancia, es responsabilidad del Gobierno refutar la presunción de inmunidad" en las interacciones de Trump con Pence.

La orden también pidió un análisis adicional sobre las diversas publicaciones de Trump en X, así como un discurso que dio a sus seguidores horas antes de los disturbios en el Capitolio. El hecho de determinar si eso representa actos oficiales o no oficiales "puede depender del contenido y contexto de cada uno" y, por lo tanto, necesita mayor escrutinio, precisaron los jueces.

Las acusaciones sobre “electores falsos” en 2020

Los jueces pidieron una nueva investigación sobre una de las acusaciones más llamativas contra Trump: que había participado en un plan para reclutar electores falsos en estados que Biden ganó, para que afirmaran falsamente que el republicano había obtenido más votos.

En este marco, la defensa de Trump argumentó que la selección de electores alternativos estaba en línea con su interés presidencial respecto a la integridad y la administración adecuada de las elecciones, y citaron un episodio de la elección de 1876 como precedente.

Por el contrario, el equipo del fiscal especial Smith describió el plan como una acción puramente privada que no implicaba ninguna responsabilidad presidencial.

La mayoría de los jueces de la Corte Suprema no respondieron a la pregunta de quién tenía la razón, sino que dijeron que se “requiere un análisis detallado de las extensas y entrelazadas alegaciones de la acusación” para poder "determinar cuál caracterización puede ser correcta, y con respecto a qué conducta”. En este sentido, los jueces no confirmaron si las acciones eran oficiales o privadas.

Asimismo, precisaron que, a diferencia de las interacciones de Trump con el Departamento de Justicia, "esta conducta señalada no puede clasificarse fácilmente como perteneciente a una función presidencial particular. El análisis necesario es en cambio específico de los hechos, requiriendo la evaluación de numerosas interacciones alegadas con una amplia variedad de funcionarios estatales y personas privadas”.

Argumentos de los jueces disidentes

Las tres juezas liberales –Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson– criticaron duramente la opinión mayoritaria. Sotomayor dio un discurso mientras leía sus argumentos disidentes desde el estrado, a veces negando con su cabeza y apretando los dientes mientras decía que la mayoría conservadora convertiría erróneamente al presidente estadounidense en “un rey por encima de la ley”.

"Irónico, ¿verdad? El hombre encargado de hacer cumplir las leyes ahora puede simplemente romperlas", señaló Sotomayor.

Asimismo, argumentaron que el fallo hace que los presidentes sean inmunes al enjuiciamiento por actos tales como ordenar a los Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina asesinar a un rival político, organizar un golpe militar para mantenerse en el poder o aceptar un soborno a cambio de un indulto.

"Aunque estos escenarios de pesadilla nunca se materialicen, y rezo para que nunca lo hagan, el daño ya está hecho. La relación entre el presidente y el pueblo al que sirve ha cambiado irrevocablemente. En cada uso del poder oficial, el presidente ahora es un rey por encima de la ley", escribió Sotomayor.

Por su parte, la jueza Jackson afirmó que el fallo "abre un nuevo y peligroso terreno".

"En pocas palabras, la corte ha declarado ahora, por primera vez en la historia, que el funcionario más poderoso de los Estados Unidos puede (bajo circunstancias aún por determinar) convertirse en una ley en sí mismo", sostuvo.

¿Qué sigue?

El caso regresará ahora a manos de la jueza de Distrito Chutkan, quien supervisará el juicio.

El mismo estaba programado para comenzar en marzo, pero quedó en suspenso desde diciembre mientras Trump apelaba. Chutkan había indicado en ese momento que probablemente daría a ambas partes al menos tres meses para prepararse para el juicio una vez que el caso regresara a su corte.

En este sentido, quedaba la puerta abierta para que el caso fuera a juicio antes de las elecciones, siempre y cuando la Corte Suprema, así como los tribunales inferiores, dictaminara que Trump no tenía inmunidad frente al enjuiciamiento.

Sin embargo, ahora la Corte Suprema determinó que Chutkan debe realizar un análisis adicional, lo cual se prevé que tomará meses, con disputas legales sobre si las acciones en la acusación eran oficiales o no oficiales.

Otros casos de Trump

En mayo, Trump fue declarado culpable en Nueva York de 34 cargos graves en su juicio por pagos de silencio a la exestrella de cine para adultos Stormy Daniels. Su sentencia está programada para el 11 de julio. Los cargos por falsificación de registros comerciales pueden resultar en hasta cuatro años de prisión, pero no hay garantía de que Trump sea encarcelado. Otras posibilidades incluyen multas o libertad condicional.

Respecto a los otros dos casos penales que tiene Trump, lo más probable es que no lleguen a juicio antes de las elecciones.

Recientemente, una corte de apelaciones detuvo el caso de presunta interferencia de Trump en las elecciones de Georgia en 2020. Esta pausa ocurre mientras revisan la decisión del juez de primera instancia que permitió que la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, permaneciera en el caso. Además, el caso no tenía fecha de juicio.

En cuanto al juicio por el caso de documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago, después de que Trump dejara la Casa Blanca, estaba programado para mayo. Sin embargo, la jueza Aileen Cannon canceló la fecha del juicio debido a complicaciones legales y aún no ha fijado una nueva fecha. Este caso también incluye una disputa sobre la inmunidad reclamada por el equipo legal del republicano, que los fiscales han cuestionado.

La semana pasada, Cannon anticipó que podrán existir más retrasos, debido a que accedió a revisar una medida anterior que permitía la presentación de pruebas sobre las acusaciones de obstrucción a la justicia contra Trump.