Lula y la Amazonía: responsabilidad de todos

Durante la campaña para las elecciones generales en Brasil en octubre de 2022, el candidato del Partido de los Trabajadores, el expresidente Luis Ignácio Lula da Silva, introdujo un elemento que estuvo relativamente ausente en sus dos mandatos anteriores: la protección de la selva amazónica.

Era de esperar, porque durante la presidencia de su antecesor, Jair Bolsonaro, se perdieron 34.018 km² de bosques tropicales, un área mayor que la de Bélgica, debido a la construcción de carreteras, actividades agrícolas y ganaderas, y minería ilegal. Esto constituyó la mayor deforestación de la Amazonía brasileña en 15 años.

En todo caso, durante los dos primeros períodos presidenciales de Lula da Silva (2003-2011), se destruyeron 131.911 km² de floresta amazónica.

Asimismo, durante ese período, la actitud de Lula fue bastante defensiva en relación a quienes le exigían, tanto dentro como fuera del país, que hiciera mayores esfuerzos para proteger a la Amazonía.

Las cosas han cambiado. En su campaña para ser reelegido en 2022, Lula asumió la defensa de la Amazonía como elemento clave de su programa.

Lula nombró como ministra del Medio Ambiente a Marina Silva, devolviéndole así la cartera a la que esta activista de ascendencia africana y tradición cauchera había renunciado en 2008, por discrepancias con la política amazónica de Lula.

El resultado del primer año del Gobierno de Lula da Silva ha sido moderadamente prometedor. Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial (la misma organización que midió la pérdida de bosques en gobiernos anteriores), la deforestación de la Amazonía disminuyó en un 50 por ciento en el primer año del Gobierno actual, en relación al mismo período en la administración Bolsonaro.

Esta reducción es el resultado directo de las medidas adoptadas por el Gobierno brasileño, que van desde redadas policiales para detener la tala indiscriminada de árboles, hasta la confiscación de rancherías ilegales dedicadas a la ganadería.

El problema para Lula es que su organización política, el Partido de los Trabajadores, no cuenta con una mayoría robusta, ni en la cámara de diputados ni en la de senadores.

Los congresistas de la derecha, sobre todo los llamados diputados ruralistas, están en capacidad para bloquear cualquier tipo de legislación que le permita al Ejecutivo adoptar medidas más estrictas para detener la deforestación de la Amazonía.

Es así que, en junio de 2023, el Congreso aprobó sendas leyes por las que se despojaba al Ministerio del Medio Ambiente del poder para establecer el registro de tierras rurales y el manejo de las aguas; al mismo tiempo, el Ministerio de Pueblos Indígenas, presidido por Sônia Guajajara, una activista nacida en el seno de la etnia Araribóia, en el amazónico estado de Maranhão, no tendrá el poder para delimitar las tierras indígenas.

Al mismo tiempo, Lula se enfrenta al viejo dilema de los países amazónicos: como hacer compatibles la necesidad del crecimiento económico con la protección del medio ambiente.

Un ejemplo de esta dicotomía es un proyecto para reparar la inocuamente llamada BR-319, una carretera pavimentada que conecta el estado de Amazonas con Rondônia, y que cayó en desuso en los años 80.

Este plan podría afectar un área de delicado balance ecológico, debido a que permitiría la explotación de los yacimientos de gas y petróleo de la zona.

La planta hidroeléctrica de Belo Monte, en el estado de Pará; y la construcción de un ferrocarril en el estado de Matto Grosso, para permitir el transporte de granos, la misma que provocaría la destrucción de 230.000 hectáreas de tierras indígenas, son dos ejemplos de las contradicciones en el seno del Gobierno, en el tema del desarrollo económico y la protección de la Amazonía.

El apoyo de la comunidad internacional

Brasil no puede enfrentarse solo al problema de la destrucción amazónica, ni se puede esperar que asuma de manera individual la responsabilidad de salvar a la Amazonía, por lo que necesita el apoyo de la comunidad internacional.

Para comenzar, Brasil posee el 62 por ciento del total de la Amazonía, mientras que Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Surinam, Guayana y la Guayana Francesa se reparten el resto.

El llamado Pacto de Leticia por la Amazonía, firmado en septiembre de 2019 por todos los países amazónicos, se marcó objetivos de defensa de la floresta tropical sudamericana que no se han materializado.

El 8 agosto de 2023, Lula reunió en la ciudad de Belem a presidentes y enviados oficiales de los ocho países que comparten con Brasil la Amazonía, con el fin de establecer una política conjunta de protección de la selva sudamericana.

Entre otras cosas, se acordó una posición de consenso para la cumbre de cambio climático en noviembre de 2023 en Dubái.

Sin embargo, las crisis internas que enfrentan países como Ecuador, Perú y Venezuela han impedido un mayor compromiso por parte de los países amazónicos de Sudamérica.

Teniendo en cuenta, además, que los países más industrializados son los principales emisores de gases de efecto invernadero, estos necesitan no solamente reducir dichas emisiones, sino también apoyar directamente los esfuerzos por salvar la Amazonía.

Después de todo, la floresta sudamericana es una fuente primordial de absorción de dióxido de carbono, lo que permite limitar su escape a la atmósfera, ayudando a combatir el calentamiento global.

Ya existen compromisos internacionales que, lamentablemente, no se han materializado.

Durante la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas, (Conferencia de las Partes o COP 13) realizada en Bali en 2007, se acordó el llamado Mapa de Ruta de Bali, destinado, entre otras cosas, a ayudar a los países en desarrollo (categoría en la que encaja Brasil) a combatir el cambio climático.

De los cinco puntos de dicho plan de acción – visión conjunta, mitigación, adaptación, tecnología y financiamiento – poco se ha cumplido.

La implementación de este Mapa de Ruta, ratificado en la COP 15 en Copenhague en 2009, es vital en el caso de Brasil. Al igual que los demás países de América Latina, Brasil necesita mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a la nueva realidad.

Asimismo, como parte del Mapa de Ruta de Bali, se creó, REDD+, siglas en inglés de la ‘Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación Forestal en los Países en Desarrollo’.

Aunque Brasil se ha beneficiado desde 2007 con programas limitados propiciados por REDD+, la comunidad internacional no ha hecho lo suficiente para que esta iniciativa reduzca de manera sustancial la destrucción de la Amazonía.

Los países industrializados necesitan cumplir los compromisos contraídos, con un adecuado financiamiento de iniciativas como REDD+, que permitan a Brasil cumplir sus objetivos.

Durante años recientes, la Amazonía ha sufrido sequías cíclicas que han evaporado los ríos, afectando a las comunidades indígenas locales y diezmando la flora y fauna de la región.

Estas sequías son consecuencia directa del cambio climático, según la red científica World Weather Attribution. Es decir que la misma región que cumple un papel vital en la lucha contra el cambio climático, ya está sufriendo en tierra propia las consecuencias de su descuido.

La Amazonía constituye el 54 por ciento del total de bosques tropicales del planeta. Y Brasil posee poco más de la mitad de ese total. Por ello, la llamada comunidad internacional tiene la obligación de ayudar a preservar la Amazonía.

No solamente es un imperativo moral, sino que es una cuestión de elemental supervivencia.