López Obrador firma polémica reforma judicial en México: cómo se implementa

La controvertida reforma judicial en México ya es un hecho. En medio de críticas y protestas de varios sectores, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmó el proyecto y lo convirtió en ley este domingo. La medida abre paso a un nuevo capítulo en el Poder Judicial: a partir de ahora, los mexicanos elegirán mediante voto popular a todos los jueces y magistrados.

"Hoy, en este día histórico, firmé el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial", declaró el mandatario tras ratificar la nueva ley.

“Ahora sí, es el pueblo el que manda, el pueblo es el que decide”, añadió tras firmar el documento. Lo hizo acompañado de la presidenta electa y su sucesora, Claudia Sheinbaum, también del partido político Morena, quien asumirá el cargo el 1 de octubre.

Esta enmienda constitucional convierte al país en el primero en implementar la elección popular de todos sus jueces. El único caso similar en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, y el resto son designados por un consejo. En cambio, en el caso de México, la elección popular involucra a la totalidad de los jueces y magistrados.

El proyecto de ley había pasado por diferentes instancias. Primero fue aprobado por la Cámara de Diputados, donde el partido gobernante Morena tiene la mayoría.

Luego pasó al Senado, donde manifestantes irrumpieron en el edificio y obligaron a la suspensión y traslado del debate. Fue aprobada con 86 votos a favor, equivalentes a dos tercios de los 127 senadores presentes en la cámara alta, que también es dominada por Morena y sus aliados, y 41 votos en contra de los partidos de la oposición.

Finalmente, la enmienda constitucional fue avalada por 18 congresos regionales, abriendo camino para que López Obrador promulgara la ley, lo que coincidió con la celebración del Día de la Independencia de México. Ya fue publicada en el Boletín Oficial.

¿Qué pasará ahora con la ley?

Tras la firma de López Obrador, ahora se deberán implementar las reformas que plantea la ley. Entre ellas, la organización de elecciones extraordinarias en 2025 y 2027, donde podrán presentarse candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Sin embargo, primero el Senado debe emitir las convocatorias para los candidatos a las miles de magistraturas, mientras el organismo electoral se encarga de la gestión de los comicios.

Hasta el momento, la selección se realizaba por nombramientos, a través del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de exámenes y concursos de méritos. Ahora, todos ellos serán elegidos por el voto popular.

En 2025, los votantes elegirán a todos los magistrados de la Suprema Corte, cuyo número se reduciría a nueve; a los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial –que reemplaza al Consejo de la Judicatura Federal y que evaluará e investigará el desempeño de los jueces- , y a casi la mitad de los 7.000 juece. El resto será elegido en 2027.

Es decir, los ciudadanos deberán elegir entre miles de candidatos a la hora de votar. Esto generó algunas de las críticas que rodean la ley.

Polémica y críticas

López Obrador presentó por primera vez su idea de reformar el poder judicial el año pasado. En varias ocasiones había criticado a la Suprema Corte por bloquear algunos de los planes de su Gobierno, como debilitar el organismo de vigilancia electoral de México o poner a la Guardia Nacional bajo el control de los militares.

Poco antes de dejar la presidencia, el mandatario le dio un nuevo impulso a la reforma. Insistió en que la elección popular de los jueces es esencial para aumentar la transparencia y “limpiar” a la justicia de la corrupción, lo que dará un "ejemplo" al mundo.

Sin embargo, la oposición denuncia que esta ley politiza los cargos y compromete la independencia del Poder Judicial. La enmienda también es criticada por Estados Unidos, Canadá y la ONU, que aseguran que implica un “riesgo democrático”, pues los jueces podrían ser objeto de manipulaciones políticas.

Asimismo, cientos de trabajadores judiciales, incluyendo jueces y magistrados, se manifestaron en contra, ya que aseguran que elimina la carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder al cargo de juez federal.

Por otro lado, según encuestas del Gobierno de López Obrador, el 66% de los mexicanos considera que los jueces son corruptos. Ahora, resta que vayan a las urnas en junio del 2025 para elegir por primera vez a sus jueces y magistrados, y que comience así la reestructuración del Poder Judicial.