Empresas sionistas en Latinoamérica: así resisten los pueblos indígenas

La corporación sionista Mekorot llega pisando fuerte al territorio argentino. El Estado impulsa al menos 12 convenios entre provincias argentinas y la empresa israelí “Mekorot Israel National Water Co” para el manejo y la gestión de las aguas.

Ahora bien, Mekorot ya ha dejado su marca en Palestina. Ahí, la empresa israelí, fundada en 1938, fue responsable de controlar el agua en el marco de la Nakba, la limpieza étnica y el desplazamiento forzado de 800.000 palestinos a finales de la década de 1940.

A lo largo de los años, palestinos como Mustafa al Farawi, un cultivador de dátiles de Al Jiftlik, han vivido su impacto en carne propia.

En 2017, en diálogo con Amnistía Internacional, al Farawi explicó cómo la cantidad de agua disponible en el pozo de su tierra ha disminuido desde los años 80. En esa década, el pozo suministraba agua para sus 400 hectáreas, sus animales y su familia. Pero en los últimos años ha tenido que comprar agua adicional.

“No tenemos agua suficiente ni control sobre ella. La táctica de las autoridades israelíes es disminuir poco a poco el agua para que tengamos que dejar la tierra”, declaró al Farawi.

En Palestina, hasta la actualidad, Mekorot tiene un rol central en la extracción, desalinización, entubado y traslado del agua en los acueductos mediante infraestructuras extendidas. Y viola el derecho de acceso al agua, ya que el 97% de la población en Gaza no cuenta con agua potable. En 2023, la ONU declaró que “no queda casi ni una gota de agua potable en Gaza”.

Resistencia

En 2011, tras visitar Israel, el entonces gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, anunció un contrato con Mekorot por 170 millones de dólares para construir una planta potabilizadora en la ciudad de La Plata, Argentina.

Desde ese año, han surgido resistencias dentro del país a los intereses sionistas. El posible incremento del precio del agua y el deterioro de la calidad del agua potable impulsaron varios movimientos, entre los cuales se destaca la campaña “Fuera Mekorot”.

Hoy las acciones de Mekorot no solo se denuncian en Palestina, sino también en Argentina.

Según reportes de prensa, esta iniciativa representa “la mercantilización y privatización del agua", lo que implica un posible esquema de dos tipos de agua. Primero hay agua potable, de mayor calidad, a un precio mayor, y segundo el agua de menor calidad, reciclada de los residuos cloacales y otros residuos. Informan que "es el mercado el que regula el uso entre una y otra calidad del agua", y que esto podría perjudicar a los sectores de menores recursos.

En esta línea, el Gobierno de Javier Milei está impulsando convenios que ceden a Mekorot la propiedad intelectual del recurso hídrico y le brinda la atribución de generar planes maestros de manejo del agua. Lo realizan bajo cláusulas de confidencialidad que impiden el acceso a la información pública a los ciudadanos argentinos.

Según diarios locales, activistas también advierten que "los gobiernos convocan a Mekorot para avanzar con la frontera extractivista de la megaminería, del fracking, del hidrógeno verde, del agronegocio, de grandes intereses inmobiliarios".

Se trata de una política que se impulsó desde los gobiernos progresistas desde 2011. Y se ha profundizado bajo la presidencia de Milei, quien representa intereses estadounidenses en la región. Recordemos que en su campaña electoral propuso eliminar el Banco Central Argentino en vías a una dolarización de la economía nacional. Lo cual entendemos como una entrega de la soberanía del Estado Argentino, con la clara intención de propiciar el saqueo de los bienes comunes.

Movimientos

Con este impulso sionista, se inaugura en Argentina un nuevo ciclo de resistencias para las comunidades indígenas, campesinas, trabajadores y para las mujeres e infancias. En éste momento de la historia, el Gobierno de Milei pretende borrar a los pueblos del país, para entregar los territorios a las empresas.

Como una de las primeras resistencias a la avanzada de la ultraderecha en Argentina, surgió el movimiento llamado “3° Malón de la Paz”, en la cual cientos de comunidades indígenas de la provincia de Jujuy retomaron una práctica diplomática histórica: atravesar caminando más de 1.500 km desde sus hogares hasta la capital del país, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un año antes de la elección presidencial, el gobernador de Jujuy reformó la Constitución Provincial para ceder el control de los bienes comunes al gobierno provincial.

De tal manera, esta provincia argentina ubicada en el llamado “triángulo del litio”, nos dió lecciones de resistencia. Ante una represión, persecución y criminalización de la protesta, tal como enfrentan otros pueblos oprimidos como los palestinos , respondió con un llamado a la paz, y con la visibilización del problema central: la disputa de las empresas transnacionales por el control sobre los recursos naturales para la transición energética.

Lo que se juega en este momento en la región sudamericana es el manejo de dos elementos sagrados para la cosmovisión indígena: la tierra con sus minerales y el agua. Ambos son indispensables en el intento de sostener el estilo de vida privilegiado de algunos países del Norte Global.

La explotación de dichos minerales se realiza con combustible fósil, lo cual tira por tierra cualquier advenediza excusa de descarbonización de las economías. Los territorios de los cuales pretenden extraer los minerales están habitados por pueblos indígenas milenarios, que no sólo gozan de buena salud, sino que somos los guardianes del 80% de la biodiversidad que queda en el mundo.

Colonialismo

Las empresas transnacionales, con su impulso colonial, promueven leyes económicas amparándose en el libre mercado. Pero luego acuden a las alas más conservadoras del arco político para lograr subsidios a su favor, la liberación de impuestos.

De igual manera acuden a la policía del Estado para reprimir y criminalizar a quienes defienden su derecho a la vida. En ese sentido, enviaron un proyecto al Congreso de Argentina para modificar la Ley de Seguridad Interior N°24.059, para permitirle a las Fuerzas Armadas actuar contra población civil dentro del país en caso de “terrorismo”.

De igual manera, hace unos días el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el sionista Claudio Avruj, eliminó el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, organismo con 30 años de vigencia donde se inscriben las personerías jurídicas de las comunidades indígenas. Queda claro el interés de borramiento de los Pueblos Preexistentes al Estado Nacional.

Hay mucho en juego. Por un lado, millones de divisas, relaciones bilaterales, sistemas políticos, derechos humanos. Y por el otro lado, nuestra propia supervivencia como especie en este planeta milenario.

Algunos pueden llegar a pensar que asistimos a una crisis política solamente. Que en este momento avanzó la derecha pero que luego volverán otros gobiernos progresistas, y con ellos, el equilibrio. Otros pueden decir: hay que “democratizar” la palabra, generar más conferencias, mesas de diálogo, educación… “dar más voces a quienes no tienen voz”.

Esta práctica ha generado miles de conferencias para hablar sobre un problema que se resuelve haciendo. O mejor dicho, dejando de hacer.

Hay quienes hablan de cambio climático, con su correspondiente agenda de adaptación y mitigación. “Cuidemos el planeta”, dicen, como si pudieran cuidar algo que no crearon. Pero para los pueblos indígenas, es la madre tierra.

Por eso cuando me preguntan ¿cómo se puede apoyar a los pueblos del Sur? ¿Qué podemos darles? Mi respuesta siempre es haganse cargo de su responsabilidad climática.

“Una guerra de acumulación capitalista”

Pero no me refiero a reciclar plástico ni a generar visibilidad por redes sociales. Es en el territorio del Norte Global donde se pactan las injusticias. Es en sus tribunales donde deben presentarse las demandas contra las empresas y estados genocidas.

Lo único que necesitamos en el Sur, es vivir en paz. Seguir sembrando, trabajando, viviendo como lo hicieron nuestros abuelos. No queremos ser defensores, ni ganar premios, mucho menos recibir dinero por estar en territorios de sacrificio. Somos seres vivos, personas, pueblos, no queremos que nos instrumentalicen o nos reduzcan a una sola dimensión de lo humano, que termina creando estereotipos.

Los pueblos del sur no tuvimos reconocimiento de derechos hasta muy entrado el siglo XX. No tuvimos, ni tenemos en muchos casos todavía voz y voto en los parlamentos de la geopolítica internacional. A nuestros dirigentes solo les cabe la tarea de gobernar gestionando la entrega de nuestros bienes comunes al mejor postor, a cambio de cierta estabilidad política y económica hacia adentro, la cual llaman “gobernabilidad”.

Hay quienes piensan que están sentados en esa mesa, en el cónclave de los “únicos dueños”, y que podrán beneficiarse de sus repartos. No saben que son frutas también, y están sentados allí para ser sacrificados cuando llegue el momento.

Pero los gobiernos no son los pueblos.

La ancestralidad de los pueblos que viven arraigados a la diversidad de territorios, tiene la simple rebeldía de la sandía, de la algarroba, el piñón, el maíz. Muy por el contrario de lo que piensan quienes gobiernan, los pueblos indígenas comprendemos de qué se trata: estamos viviendo una guerra de acumulación capitalista que empezó hace 500 años. Lejos de terminarse o superarse, se recrudeció en los últimos 50 años, por la escasez de bienes necesarios para la vida que esa misma guerra produce.

Somos la vida resistiendo, salvándose a sí misma.