La primera ley europea para dotar de personalidad jurídica a un ecosistema

“Estuve en Lo Pagán hace un tiempo”, comenta un taxista madrileño a TRT Español. En verano, la costa mediterránea se abarrota de visitantes, muchos de ellos procedentes de la capital del país, que buscan disfrutar del turismo de sol y playa.

El municipio de Lo Pagán se encuentra en el sudeste de la Península Ibérica, en el litoral del Mar Menor, un ecosistema único situado dentro de la Región de Murcia. “Me bañé porque mi mujer se quería bañar y no pude decir que no. Pero…”, continúa el hombre.

La frase queda en el aire, pero su significado es, de sobra, conocido por todos: hace muchos años que no es agradable bañarse en el Mar Menor, debido a su degradación ecológica.

En octubre de 2019, tras unos episodios de fuertes lluvias en el sudeste español, una imagen dio la vuelta al mundo.

La orilla de esta laguna salada amaneció repleta de peces muertos, un fenómeno conocido como anoxia, la fase final de un largo proceso de degradación, que culmina cuando la vegetación del fondo marino deja de realizar la fotosíntesis, agotando el oxígeno.

El origen del fenómeno es la proliferación de algas, provocada por un exceso de nutrientes que llegan al Mar Menor a través de los vertidos agrícolas que provienen del Campo de Cartagena.

Esta lamentable imagen de fauna marina sin vida, apelotonada a orillas de la playa, volvió a repetirse en agosto de 2021, cuando se dio un nuevo episodio de mortandad de peces.

La anoxia marcó un antes y un después. “Ahí es cuando la gente cambia y empiezan las manifestaciones masivas”, señala a TRT Español Ramón Pagán, químico y portavoz de Pacto Por el Mar Menor, una asociación ciudadana cuyo objetivo es encontrar soluciones al problema de contaminación de la laguna desde una base científica.

60.000 personas clamaron en la ciudad de Cartagena debido a la anoxia y al estado de la laguna en 2019. 70.000 lo volvieron a hacer en Murcia tres años después, cuando el fenómeno se repitió.

El Mar Menor se estaba muriendo y la sociedad murciana ya no podía mirar hacia otro lado.

El Mar Menor hace historia

Precisamente en 2019, un grupo de alumnos de cuarto curso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (UMU) disertaba sobre una posible vía para dotar de derechos al ecosistema del Mar Menor.

Detrás de la idea, la profesora de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza en la UMU, Teresa Vicente, principal impulsora de una iniciativa legislativa popular (ILP) que, apenas tres años más tarde, lograría hacer historia, convirtiendo a la laguna en el primer ecosistema europeo dotado de personalidad jurídica.

Vicente, natural de la ciudad de Lorca, llevaba desde los años ochenta estudiando una manera de dotar de derechos a los ecosistemas. “Mi tesis doctoral ya fue sobre la justicia ecológica como nuevo paradigma del que pudieran emanar una nueva generación de derechos que blindasen a la naturaleza”, cuenta a TRT Español.

El primer intento de poner en marcha la ILP del Mar Menor se ahogó en la Asamblea Regional murciana, un órgano que creyó que no tenía competencias suficientes para dotar de derechos a un ecosistema.

La segunda vía, estatal, requería medio millón de firmas para llevar la iniciativa al Congreso de los Diputados. Se obtuvieron más de 600.000. “Pensaba que no lo íbamos a conseguir”, reconoce Eduardo Salazar, jurista especializado en derecho ambiental y también profesor de la UMU, que participó en todo el proceso. “Teresa decía que sí, que había que creer en el movimiento”, añade.

Antonio, un ingeniero de Murcia, firmó la petición, tal y como cuenta a TRT Español: “Lo que esperaba de la ILP es que el Mar Menor tuviera más protección y que la gente pensara más en su futuro, en vez de en su explotación”.

Su mujer, Teresa, maestra de infantil y también murciana, coincide: “Pensé que darle entidad jurídica al Mar Menor podría hacer que se protegiese mejor, ya que los políticos y los empresarios estaban comerciando con él”.

Un movimiento ciudadano sin precedentes

La mortandad de peces de agosto de 2021 terminó de impulsar la recogida de firmas y logró que la sociedad se volcase definitivamente para proteger el ecosistema. “En agosto, cuando nos faltaban tres meses, llevábamos la mitad de las firmas. Pero entonces se produjo la segunda anoxia, y el grito de muerte del Mar Menor lo convertimos en un grito de vida por sus derechos”, rememora Vicente.

Las calles de la capital murciana se abarrotaron de activistas recogiendo firmas durante aquellos meses. Salazar cuenta que las mujeres mayores de la zona del Mar Menor se volcaron especialmente.

“Fue el entusiasmo de la gente, que se transformó en una conciencia ecológica de identificación con el Mar Menor. Éramos su voz y teníamos que defender su derecho a la vida. Esa fuerza fue la que salvó todos los obstáculos”, opina Vicente.

Elena, una universitaria murciana, se encontraba de Erasmus en Noruega en aquella época. Firmó la petición durante una de sus visitas a su familia. “Era una iniciativa ciudadana para mejorar el estado del Mar Menor y, realmente, como ciudadanos, nos sentimos con muy poco poder para enfrentar estas situaciones, así que todos firmamos con tal de hacer algo”, manifiesta en declaraciones a TRT Español.

María José, una periodista albaceteña, trabajaba en Murcia y firmó la petición cuando una compañera de trabajo llevó los documentos a la redacción. “Firmó todo el mundo. Pero es que, además, meses después, fui a un concierto en Albacete y allí también estaban recogiendo firmas”, relata a TRT. “En los últimos años se han visto cientos de cadáveres ahí. No costaba nada firmar para intentar recuperar un lugar al que siempre hemos ido de pequeños”, añade.

El Congreso de los Diputados ratificó el clamor de la calle, apoyando con amplia mayoría la iniciativa y aprobándola por vía urgente.

“Hubo una mayoría espectacular, más de dos tercios. Se pusieron de acuerdo PP y PSOE, que no es lo más normal. Solo votó en contra Vox”, explica Salazar.

“Los políticos sí que estuvieron negociando todo el rato con la comisión promotora, a la que yo represento”, recuerda Vicente, que piensa que el proceso de enmiendas en el Congreso y el Senado fue el momento más difícil que atravesó la iniciativa.

La ILP del Mar Menor apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado en octubre de 2022, logrando un hito histórico en Europa al ser el primer ecosistema dotado de personalidad jurídica.

“La ILP es una herramienta fundamental para que el Mar Menor se pueda defender. De hecho, Europa la ha acogido con muy buenos ojos y ha contado con el beneplácito de la ONU”, señala Pagán.

El contenido de la ley divide a los juristas

A pesar de la aceptación social, la ILP del Mar Menor ha suscitado dudas a nivel técnico, incluso dentro de la propia Facultad de Derecho de la UMU.

Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional, señala a TRT Español que la redacción técnico-jurídica del texto tiene “deficiencias”, añadiendo que lo mejor hubiese sido evitar la vía urgente en el Congreso y contar con la participación de expertos jurídicos en el ámbito medioambiental.

Aunque no niega la importancia de la ILP como movimiento social, opina que el contenido jurídico del texto es “muy vacío”: “Como movilización ciudadana y política, me quito el sombrero. Como instrumento jurídico para una protección efectiva del Mar Menor…una chapuza”.

Teruel cree que el tiempo le ha dado la razón. El reglamento de la ILP no ha sido aprobado todavía, lo que ha provocado que la Audiencia Provincial de Murcia rechace la apertura de tres procesos por parte de un juzgado de Cartagena por vertidos contaminantes ilegales y por un depósito de residuos mineros que también repercuten negativamente en la laguna.

Vicente insiste en que “da igual que una ley tenga reglamento o no. La ley funciona desde que entra en vigor, con todos y cada uno de sus artículos”.

Para la impulsora de la ILP, la Audiencia ha dado la razón a la empresa denunciada al interpretar que las asociaciones en defensa de la laguna, entre ellas Pacto por el Mar Menor, ejercen como acusación popular.

Sin embargo, Vicente aclara que los derechos de este ecosistema, según la ley, pueden ser defendidos en los tribunales por cualquier persona física o jurídica, que ejerce como acusación particular, no popular. “La acusación popular está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde hace cien años. Para eso, no hubiéramos hecho nada”, se lamenta.

La decisión de la Audiencia Provincial está recurrida al Tribunal Constitucional por la defensa del Mar Menor mediante un recurso de amparo.

Cuando el Consejo de Ministros apruebe el reglamento de la ILP, podrán nombrarse los organismos encargados de tutorizar el estado del ecosistema aunque, de momento, no hay fecha. La agenda política española parece tener otras prioridades.